El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado el pago de 156.378 euros de facturas correspondientes al nuevo autobús urbano gratuito y la media hora gratis del aparcamiento de la plaza Mayor que en su día se acordó con la empresa concesionaria para dinamizar la actividad comercial. La sesión plenaria extraordinaria ha avalado, con los votos a favor del equipo de gobierno de PSPV y Unides Podem, y el voto en contra de Partido Popular, Compromís, Ciudadanos y Vox, el pago de esta cantidad que, tal y como ha explicado el alcalde y responsable de Hacienda, José Benlloch, corresponde a facturas pendientes de 2018 de dos servicios públicos “esenciales para la ciudad” que son además “especiales” ya que por sus características no se pueden prestar en libre competencia. El primer edil ha reconocido que se trata de dos servicios que se prestan en unas condiciones excepcionales ya que “fueron heredados del gobierno del PP sin contrato”. Esta situación, unida a otras circunstancias como los cambios legislativos o las dificultades económicas del Ayuntamiento, ha complicado poder regularizar administrativamente la prestación de ambos servicios aunque Benlloch ha insistido en que “estamos trabajando y esperamos que en este 2020 se pueda solucionar favorablemente”.
Pero la oposición cargó contra esta decisión. El líder del PP, Héctor Folgado, ha reprobado que “Benlloch se ha vuelto a saltar la ley, los informes técnicos alertan de la ilegalidad del procedimiento, al pagar a empresas contratadas verbalmente”. “Es una vergüenza que tras nueve años de gobierno, el alcalde haya sido incapaz de elaborar los pliegos de condiciones que regularicen los contratos de autobús y aparcamiento. Pero Benlloch hace lo que le da la gana”, ha reiterado Folgado.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Domingo Vicent, ha tildado de “facturas provenientes de contratos nulos” los pagos aprobados por el equipo de gobierno. “Aunque los proveedores tengan que cobrar por sus servicios, en Ciudadanos no podemos ser cómplices de malas prácticas administrativas tal y como avalan los informes técnicos municipales”. Además, ha indicado que “gracias a esta irregularidad, hemos visto que el gobierno de Benlloch sigue gestionando esquivando los procesos legales establecidos en casos como el asesoramiento jurídico para las tascas o la piscina municipal