Miguel Alcalde, portavoz del PSPV-PSOE de Benicàssim, denuncia la mala gestión de la piscina municipal de por parte del Partido Popular y asegura que se trata de un “desfalco al Ayuntamiento, al cual el TSJ obliga a pagar 1,3 millones de euros a la empresa concesionaria”. El portavoz socialista exige explicaciones a la actual alcaldesa popular, Susana Marqués y lamenta que se gaste “el dinero de todos los vecinos y vecinas del municipio en enmendar los errores del PP cuando se podría estar invirtiendo en proyectos que mejoren la vida de todos los ciudadanos”.
El Grupo Municipal Socialista de Benicàssim, cuando gobernaba en la localidad, inauguró en 2008 una piscina-gimnasio construida en terreno municipal en los campos deportivos de la calle Torre San Vicente. La fórmula escogida fue: el municipio aportaba el solar y la empresa constructora ejecutaría la obra sin aportación municipal y se resarciría del capital invertido con la explotación de la instalación, sin pagar alquiler durante veinticinco años. Una vez operativa, la empresa constructora contrató a empresa una deportiva para la gestión diaria de las instalaciones que, aunque inicialmente no obtenía los beneficios deseados, tenía veinticinco años por delante para recuperar la inversión.
Sin embargo, lamenta Miguel Alcalde, “en 2011, la popular Susana Marqués llega a la alcaldía de Benicàssim y acepta la renuncia de la empresa constructora, por lo que queda cerrada la piscina solo cuatro años después de su apertura, con el perjuicio que supone para todos los vecinos y vecinas”. En esta línea, el gobierno del PP, tras años con la instalación cerrada, en 2014 volvió a adjudicar la explotación de la piscina a la misma empresa de gestión deportiva que la llevaba tiempo atrás, pero, además de pagar las cuotas a los usuarios y usuarias, el Ayuntamiento paga todos los años 200.000 euros como prima de apertura. Un dinero que ha seguido pagando, aunque estuviera cerrada durante la pandemia.
A pesar de haber renunciado voluntariamente a la explotación de las instalaciones, la empresa inició un proceso judicial exigiendo al Ayuntamiento que le pagase la obra al margen del contrato. Ahora la sentencia del contencioso emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha dado la razón a la entidad gestora de la piscina. “El día que Susana Marqués aceptó las llaves de la instalación condenó al Ayuntamiento de Benicàssim y, por tanto, a todos los vecinos y vecinas del municipio a pagar 1.300.000 euros”, denuncia el portavoz socialista.
“Cabe recordar que, tanto la actual alcaldesa como dos concejales de su entonces equipo de gobierno, trabajaron en el grupo empresarial de la constructora de la piscina”, destaca Miguel Alcalde.
“En el momento de la reapertura el Partido Popular aseguró a todos y todas las benicenses que no pagarían nada más de la piscina municipal”, asegura Miguel Alcalde. Nada más lejos de la realidad, denuncia el portavoz socialista, “de no tener que pagar ni un euro durante 25 años con el contrato que el gobierno socialista hizo al abrir la piscina a pagar 200.000 euros anuales, llevamos ya más de siete años así, y la guinda de 1.300.000 euros por la sentencia”. Teniendo en cuenta la desastrosa gestión que ha realizado el Partido Popular, denuncia Miguel Alcalde, “Susana Marqués debe una explicación a todos los habitantes del municipio por su papel en este desfalco al Ayuntamiento de Benicàssim”, exige el portavoz socialista.