En el debate del Pleno del pasado 10 de febrero, el equipo de gobierno mostró su desprecio más absoluto a las demandas de los grupos de la oposición, que hacen suyas muchas de las que provienen de los propietarios afectados. De hecho, se han presentado ya más de 40 contenciosos y varias querellas contra las actuaciones del Ayuntamiento en el Proyecto de Sant Gregori.
La falta de respuesta tanto de la alcaldesa como del concejal de urbanismo fue patente en las más de dos horas de duración del debate de las dos mociones presentadas al Pleno, en el que incluso muchos propietarios asistentes llegaron a protestar aireadamente y abuchear al equipo de gobierno en algunas ocasiones.
En concreto, no se dieron explicaciones a muchos temas, entre los que destacan:
- Incumplimiento flagrante e injustificado de plazos de ejecución de las obras ante la total pasividad y complacencia del equipo de gobierno. El retraso es de un 58 % del plazo previsto y es irrecuperable.
Las certificaciones de las obras presentan partidas dudosas que no deberían de pagar los propietarios sin las correspondientes tramitaciones administrativas previas, como las catas arqueológicas, que de los 75.000€ previstos ya se ha pasado a más de 500.000€. O el desbroce que se certificó hace justo un año y que no se ejecutó de acuerdo a proyecto, más de 600.000 €. A día de hoy cerca del 34% de lo certificado precisa de aclaraciones y justificaciones que nunca se han facilitado a pesar de las innumerables preguntas formuladas por VOX. - Debido a las razonables dudas sobre estas certificaciones, tanto sobre la alcaldesa como sobre varios técnicos de la urbanizadora, entre ellos la Dirección de Obra y la Asistencia Técnica, existe una imputación por parte de la Fiscal Jefe Anticorrupción, que ve motivos suficientes de delito ante la denuncia de alrededor de 50 propietarios.
- Se oculta la documentación de los contratos con la constructora y las facturas correspondientes, ya que se niega reiteradamente su entrega.
El Ayuntamiento apremia y embarga las cuentas de los propietarios que no pagan o no pueden pagar, cuando él es el primero que incumple sus compromisos con la urbanizadora y no paga las cuotas que le corresponden por las obras. - El equipo de gobierno no toma ninguna medida ante el incumplimiento del urbanizador ante el notorio retraso que llevan las obras desde su inicio en septiembre de 2019, ya que en la actualidad solo se lleva ejecutado un 5% en total.
- La Asistencia Técnica, que debería ser la encargada de hacer el seguimiento legal de las obras por parte del Ayuntamiento, no lo hace y no atiende los requerimientos de los técnicos municipales, seguramente debido a que la propia alcaldesa reconoció públicamente en un pleno anterior que la Asistencia Técnica no trabaja para el Ayuntamiento, cuando debería de ser todo lo contrario.
De lo expuesto en el Pleno, queda claro que nadie del equipo de gobierno defiende a los propietarios, que cada día que pasa tienen menos confianza en la viabilidad de su inversión en el proyecto y que se encuentran indefensos ante todos los atropellos a los que se ven sometidos.
Por todo ello, ante la falta de transparencia en todo el proceso y el desamparo a que están sometidos los propietarios, VOX solicitó en el Pleno celebrado el 3 de marzo la dimisión tanto de la alcaldesa como del concejal de Urbanismo.