La vicepresidenta de la Diputación de Castellón, Patricia Puerta, ha participado esta tarde en una reunión de la mesa técnica de servicios sociales de la Generalitat a fin de agilizar el despliegue del nuevo sistema de financiación de la atención social y primaria de los municipios más pequeños de la provincia. En este encuentro han intervenido la directora general de Planificación y Organización del Sistema, Patricia Ramón, y una representación técnica y política de las tres diputaciones valencianas.
Esta convocatoria ha servido para cerrar flecos y resolver las últimas dudas de lo que será el nuevo modelo de relación entre la Diputación y los ayuntamientos a partir de este 2021. Como ha recordado Puerta, será la institución provincial la que se hará cargo desde este año del coste de los equipos base y las prestaciones de emergencia social, pobreza energética y atención domiciliaria de todos los municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia. Esto se plasmará con la firma de contratos programa con cada consistorio y las mancomunidades de municipios.
Puerta ha pedido celeridad en el proceso de elaboración de los modelos para que “empecemos a subscribir los acuerdos en la mayor brevedad posible”. Para la diputada es “imprescindible darle marcha” porque a partir de la firma se hará llegar a los municipios la cantidad de 4,1 millones de euros reservados para este menester.
La vicepresidenta ha asegurado que los municipios y los propios usuarios y usuarias notarán “desde muy pronto” los cambios al ver incrementada la calidad y la eficiencia de los servicios. La vicepresidenta lo vincula a la novedad que supone pasar de planes anuales a plurianuales, puesto que los contratos-programa se han planteado con una vigencia de cuatro años, lo que permitirá fijar las plantillas y planificar, organizar y dirigir los servicios sociales pensando en objetivos a largo plazo. Con este nuevo sistema se ocupará a un total de 170 personas.
En cuanto a las demandas de la Diputación, Puerta ha transmitido a la Generalitat que se faciliten las justificaciones para evitar que ningún municipio tenga que reintegrar la subvención.
Ante este nuevo modelo de relación, Patricia Puerta ha explicado que estamos ante “un cambio de rumbo en el que la ciudadanía y su bienestar son los protagonistas de la política provincial”. “Nos comprometimos a garantizar y conseguir una mejor eficacia de los servicios sociales municipales y en esto trabajamos cada día”, ha añadido.
RETROACTIVO DESDE EL 1 DE ENERO
El nuevo sistema de financiación será retroactivo a fecha del 1 de enero de 2021, por lo que el pago será íntegro. Para futuras anualidades la transferencia se efectuará a principios de año, al no tener que renovarse anualmente como pasaba en ocasiones anteriores.