El Partido Popular de Castellón ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que reduzca inmediatamente los impuestos a los hidrocarburos para evitar que el colapso de la economía provincial. “Esta es una solución que ya habría evitado muchísimos problemas si el Consejo de Ministros o el Consell hubieran actuado hace semanas y que podría reducir hasta en 90 céntimos por litro el coste del carburante. El desabastecimiento de productos básicos y un IPC descontrolado por encima del 11 % en la provincia podrían haberse controlado si el Gobierno central y autonómico dejasen de recaudar tantos impuestos”, tal y como ha explicado Salvador Aguilella, secretario general del PPCS.
Cabe recordar que el precio de la gasolina i el gasoil se han duplicado en los últimos meses y que, por tanto, los impuestos recaudados también, “ya que representan la mitad del precio que pagamos los consumidores”, explica Aguilella.
La medida de reducir temporalmente en 20 céntimos el litro de carburante “es otro error” que no controlará la subida del IPC ni soluciona los problemas de los autónomos del transporte o de las pymes de la provincia. Y que además provoca un gravísimo problema de liquidez a las familias que gestionan estaciones de servicio y que deben adelantar esa bonificación a todos sus clientes.
Aguilella ha asegurado que es necesaria la suspensión temporal de impuestos a estas familias que gestionan estaciones de servicio para evitar que el error de Sánchez provoque la quiebra de sus negocios y genere más despidos.
Detrás de cada gasolinera “en muchos casos hay autónomos que gestionan el negocio como otros profesionales regentan una tienda”. “Es a estos autónomos a los que el Gobierno de Sánchez debe ayudar con una suspensión temporal de los impuestos. Al menos hasta que el Estado les abone las cuantías que ellos van a tener que adelantar de su bolsillo para que a sus clientes le salga el litro de carburante con la rebaja anunciada”.
Desde el PPCS, explica Aguilella, “seguimos defendiendo otra forma de hacer las cosas”. “Hoy 20 ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) afectan a 3.490 trabajadores del sector cerámico y 737.000 personas están en riesgo de pobreza severa y cada vez son más las familias con dificultad para pagar la luz, el agua y alimentos básicos”. Y “la política bien entendida es aquella que escucha a la calle de forma activa y habilita medidas que permiten soluciones y no crean problemas”. La izquierda, sin embargo, “considera la gestión desde una óptica recaudatoria, es intolerante ante cualquier bajada de impuestos y las consecuencias directas se miden en un empobrecimiento severo que Castellón no merece”.