El Partido Popular de Burriana ha reclamado en pleno a la alcaldesa la restitución de la norma habilitada por el PP en su último mandato para garantizar un mayor control y transparencia en la adjudicación de contratos. Lo ha reclamado Juan Fuster, portavoz del PP en la localidad, a propósito de la recomendación de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la necesidad de evitar el fraccionamiento en la adjudicación de informes de asesores jurídicos externos por el PAI Sant Gregori.
Según este organismo, este tipo de contrataciones son innecesarios y, en caso de adjudicarse por parte del consistorio se debe acreditar siempre de forma expresa la necesidad de la contratación y, si se trata de un contrato menor, solicitar tres presupuestos tal y como establece la ley.
En Burriana, el Partido Popular estableció un control absolutamente estricto para evitar las adjudicaciones a dedo que la alcaldesa socialista decidió suspender cuando llegó a la alcaldía. “Durante nuestra etapa de gobierno, y en aras a una mayor transparencia y participación en la gestión de los asuntos públicos, decidimos establecer a partir de los 3.000 euros la obligación de la administración local de solicitar tres presupuestos para adjudicar cualquier tipo de contrato”.
La ley, recuerda Juan Fuster, contemplaba un margen mucho más extenso. En efecto, en 2011 la Ley de Contratos fijaba esta obligación para las administraciones públicas para la adjudicación de servicios que tuvieran un coste superior a los 18.000 euros. En 2016, la norma se hizo más estricta y se habilitó la obligación a partir de 15.000 euros.
“Burriana era un modelo de control y transparencia hasta que Safont consideró que esta norma no le permitía actuar a su antojo y decidió suspenderla”. Hoy, recuerda Fuster, “es Antifraude el organismo que alerta a la alcaldesa de la obligación de solicitar tres presupuestos para contratar informes que a todas luces están fraccionados para no tener que pasar por este filtro”. En aras a una mayor transparencia y participación, “le pedimos que recupere este control. Si no tiene nada que ocultar, los ciudadanos verán en ello una acción positiva que demuestra que la alcaldesa no tiene miedo a la transparencia y al control en los contratos. De lo contrario, sembrará nuevamente dudas sobre un PAI que ha judicializado por su negativa a dar participación a afectados y oposición”.