La Diputación de Castellón ha aprobado hoy en pleno, con los votos de PSPV-PSOE y Compromís, una moción para defender la suficiencia financiera y la autonomía presupuestaria de los ayuntamientos. La propuesta, debatida en una sesión plenaria por vía telemática correspondiente al mes de agosto, nace en el contexto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para contribuir a la recuperación económica del país tras los efectos negativos generados por la pandemia de la Covid-19.
En el texto impulsado por el equipo de gobierno se solicita la tramitación del Real Decreto Ley 27/2020 de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente aplicable a las entidades locales como Proyecto de Ley para que pueda ser objeto de enmienda por parte de los grupos representados en las Cortes Generales, con el objetivo de conseguir el mayor grado de consenso posible.
Se trata de una moción en la que también se insta al Gobierno central a derogar la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria aprobada en la primera legislatura del presidente Rajoy para que sea sustituida por otro texto legal “menos hostil con los ayuntamientos, que incluya unas reglas de gasto más flexibles que las actualmente vigentes”.
Además, se reclama que el ejecutivo central “permita a los municipios disponer de los superávits de 2019 y los remanentes acumulados, para hacer frente a los gastos derivados de las medidas de reactivación socioeconómica o de emergencia que hay que llevar a cabo”. Otra de las peticiones es que el Gobierno “garantice recursos a aquellos ayuntamientos que no dispongan de remanentes, de tal manera que no se generen discriminaciones”.
El equipo de gobierno de la Diputación, que considera que el Real Decreto Ley 27/2020 contiene aspectos “muy positivos” como las ayudas de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos o la no exigencia del cumplimiento de la regla de gasto para 2020, apela al consenso de los grupos representados en el parlamento, a los que solicita “un esfuerzo para alcanzar una acuerdo que satisfaga los intereses y las necesidades de las entidades locales”.
En nombre del Grupo Socialista ha defendido la moción el diputado Santiago Agustí, quien ha destacado que el Real Decreto “tiene cosas positivas que, sin duda, pueden mejorar en el debate parlamentario, que reclama que “sea sosegado”. También ha explicado que “no suspende la utilización de los remanentes, sino que que garantiza la liquidez de las administraciones”, y ha finalizado diciendo que “todos queremos reconducir la ley aprobada en tiempos del señor Montoro, pero hay que tener en cuenta que se trata de una ley orgánica y que, dada la situación, era necesario actuar con urgencia”.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha manifestado que “este no es el momento de políticas de austericidio” y ha defendido que “los ayuntamientos de nuestros pueblos y ciudades puedan disponer de sus recursos económicos” para ser el “motor de la reconstrucción en nuestras comarcas desde un paradigma de proximidad”. En esta línea, el representante valencianista ha pedido que el gobierno estatal vaya de la mano de las administraciones locales para lograr la recuperación, puesto que “son las instituciones más próximas a las personas y las que mejor pueden detectar las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y las crisis social y económica” que está generando la pandemia.
Accionistas de Tragsa
En el pleno celebrado hoy también se ha aprobado con los votos de PSPV-PSOE, Compromís y Ciudadanos la entrada de la Diputación en el accionariado del grupo público Tragsa, una decisión que según el diputado de Bomberos, Abel Ibáñez, ayudará a “multiplicar los recursos técnicos y humanos ante emergencias o catástrofes en la provincia y reforzar los servicios de nuestro Consorcio de Bomberos”. Supone un “gran paso” porque mejorará la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, en las que con solo realizar una solicitud se podrá disponer “de forma inmediata” de los más de 11.000 trabajadores y las 1.200 máquinas de las que dispone esta empresa estatal. Hasta ahora, la Diputación tenía que licitar los servicios de respuesta o pedir a otras administraciones que actuaran como intermediarias para solicitar la actuación de Tragsa, “algo que con la nueva situación, ya no será necesario; al ser accionistas nuestra velocidad de reacción será mucho mayor”.
La entrada de la Diputación en el accionariado de Tragsa se materializa mediante la compra de una acción valorada en 8.225 euros. Cabe recordar que actualmente la empresa pública está participada mayoritariamente por el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la Administración General del Estado, y en menor grado, por las comunidades y ciudades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.
Disolución Consorcio Pla de Meanes
Otro de los acuerdos adoptados en el pleno, en este caso por unanimidad, ha sido la propuesta de disolución del Consorcio de Aguas del Pla de Meanes. La institución provincial deja así sin efecto las actuaciones conducentes a la constitución y funcionamiento del órgano, pendiente desde hace nueve años, durante los que ha permanecido inactivo, e insta a los ayuntamientos asociados a solicitar la adhesión como miembros de pleno derecho del ente homólogo del Pla de l’Arc.
El diputado provincial de Sostenibilidad, Ignasi Garcia, ha manifestado que «es un primer paso que realizamos desde la Diputación para integrar los organismos de gestión de aguas de la provincia en uno solo que garantice a largo plazo un abastecimiento de agua potable más eficiente y solidario para todos los municipios de la provincia, tal como especifica el Plan Director de la Agua». De momento, esta acción permitirá la regularización de la gobernanza de los recursos hídricos del antiguo consorcio de Meanes y la posibilidad de captar inversiones más abundantes gracias a la ampliación del Consorcio del Pla de l’Arc.