El pleno del Ayuntamiento de Almassora aceptará esta tarde la cesión del Instituto de Calidad de la Edificación, hasta ahora propiedad de la Generalitat Valenciana, para ejecutar las obras de la futura sede de la Policía Local. La Conselleria de Hacienda ha autorizado la mutación demanial a favor del consistorio y éste cumplimentará en sesión plenaria el proceso para avanzar la transformación del edificio abandonado.
En este sentido, la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero se desarrollará de nuevo de forma telemática, tras meses de reuniones presenciales, por razones sanitarias derivadas de la COVID-19. La aprobación de la proposición para aceptar la mutación a favor del Ayuntamiento supone asumir la gestión del proceso que convertirá este edificio abandonado en la calle Industria en la futura central de la Policía Local.
De esta forma, el laboratorio autonómico de 1977, que carece de usos desde 2012, pasará a ser un moderno edificio adaptado a las necesidades de la plantilla de agentes y el vecindario de Almassora. La transformación está valorada en 600.000 euros en dos anualidades. Así, en el ejercicio vigente hay una reserva municipal de 200.000 euros, complementada por una subvención de 100.000 euros de la Generalitat Valenciana. Las obras finalizarán en 2022 con 300.000 euros de aportación entre ambas entidades al 50%.
Los técnicos municipales de Urbanismo son los encargados de diseñar la conversión del viejo laboratorio en una moderna sede de Policía Local de 518 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 3.632 del polígono Mijares. Junto a la superficie, la ubicación del bloque, en el acceso oeste de la localidad junto a las inmediaciones de la zona industrial y la estación de ferrocarril, ha sido otro de los aspectos valorados por el equipo de gobierno y la propia Policía Local para el traslado.
También el proyecto de los arquitectos municipales responde a las pretensiones del Cuerpo para mejorar su comodidad y atención al público, con espacios que garanticen la privacidad y reserven salas para formación. A cambio de la cesión que asume hoy el Ayuntamiento, las instalaciones se reservan exclusivamente para el uso de la nueva comisaría, así como para posibles usos puntuales de las dependencias para la realización de actos organizados por la Generalitat Valenciana, en caso de solicitarlo.
“De la misma forma que ocurrió con el edificio abandonado del SUPOI-8, ahora sede del Instituto de Tecnología Cerámica, el diálogo entre administraciones nos permite mejorar las prestaciones a la ciudadanía dando usos a dependencias que estaban cerradas y perdiendo valor”, según la alcaldesa, Merche Galí.