El presidente de la Diputación, José Martí, ha mostrado la disposición de su equipo de gobierno de iniciar los contactos con los grupos de la oposición a comienzos de septiembre, de cara a la elaboración de los presupuestos de la institución para el ejercicio de 2023. Martí invitará a los distintos grupos a realizar aportaciones a las nuevas cuentas públicas que, como las de los tres ejercicios anteriores, «pretendemos redactar en clave de consenso». Se trata de un anuncio al que ya se refirió al término del pleno ordinario correspondiente al mes de julio que se celebró el pasado martes día 19.
En opinión del presidente, el acuerdo «es ahora más necesario que nunca, dadas las dificultades a las que tienen que hacer frente los ayuntamientos por el encarecimiento general de precios que se ha producido a raíz de la deriva inflacionista en la que ha entrado la economía mundial tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia». Una situación que está originando que en ocasiones determinadas licitaciones queden desiertas.
Martí es consciente de las dificultades del momento, aunque recuerda que se producen el año en el que el presupuesto vigente de 2022 destina a gastos corrientes y a inversiones las cantidades más elevadas de la historia de la Diputación: 30 millones para obras con el Plan #CastellóAvança a ejecutar en dos años, y 15 millones para este año a través del Fondo de Cooperación que los ayuntamientos reciben de forma incondicionada y destinan a lo que consideran oportuno. El presidente aclara que la cantidad total que reciben en este ejercicio los ayuntamientos de la provincia a través del Fondo de Cooperación son 21 millones porque se da la circunstancia de que la Generalitat Valenciana aporta 6 millones de euros.
La voluntad de Martí es la de trabajar para alcanzar los máximos niveles de consenso posibles, profundizando en el desarrollo de los cuatro grandes pactos propuestos en el debate sobre el estado de la provincia el pasado 9 de noviembre de 2021, o en otros que puedan considerarse necesarios. Los ejes propuestos en aquella sesión plenaria fueron sobre agua e infraestructuras hídricas, transformación energética, digitalización y carreteras.
Pacto de carreteras
Precisamente, sobre este último, el diputado de Carreteras, Santi Pérez, ha explicado el equipo de gobierno ya ha trasladado a los grupos de la oposición la relación de actuaciones que será necesario acometer en el periodo 2023-2030 en la red provincial, a raíz de los informes elaborados por los técnicos del departamento de la Diputación de Castellón, y que lo ahora corresponde es consensuar la calendarización de esas actuaciones, atendiendo a la urgencia de las mismas.
«El objetivo es hacer carreteras más anchas, mejorar el firme y la señalización horizontal y vertical, en aras de la consecución de los mayores niveles posibles de seguridad vial».
Un ambicioso plan de carreteras 2023-2030 en el que el equipo de gobierno también está dispuesto a consensuar con la oposición la construcción de nuevas vías de comunicación, aunque advierte que en estos momentos es complicado realizar una estimación de su coste porque «requerirán una importante planificación administrativa, ya que habrá que redactar los proyectos y encontrar la financiación que permita ejecutar las nuevas carreteras a medio y largo plazo». En este apartado se contemplarían distintas carreteras largamente reivindicadas en el tiempo como la de Rossell a La Sénica o la de Navajas al cruce de Novaliches en dirección Gaibiel, así como distintas variantes como las de Benlloc, Vilar de Canes o Torás.