La Fundación Síndrome de Down Castellón ha entregado en el Ayuntamiento de Almassora un protocolo con el que busca favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de la localidad, proponiendo al municipio la firma de un convenio que facilite el acceso a empleos públicos para estas personas que deben enfrentarse a serias dificultades para conseguir un puesto de trabajo.
La alcaldesa de Almassora, Merche Galí ha recibido a representantes de la Fundación un protocolo que facilitará la contratación de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de la localidad para trabajar en determinados servicios municipales. Síndrome de Down Castellón es miembro del movimiento asociativo Plena inclusión que agrupa a 940 entidades de toda España que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.
“Los avances en materia de integración deben pasar de una mera declaración de intenciones a una apuesta real por la incorporación de estas personas con discapacidad al mercado laboral y el Ayuntamiento de Almassora así lo hará a través de este convenio”, ha señalado la primera edil.
“Esta propuesta conecta con el compromiso que esta ciudad ya tiene con la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Queremos agradecer a la alcaldesa el esfuerzo que hace el Consistorio que dirige para adaptarse a las recomendaciones indicadas desde la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por España en 2008, respecto a la generación de empleos inclusivo por parte de las administraciones públicas”, ha señalado Carolina Ballester, presidenta de la Fundación Síndrome de Down Castellón.
Gracias a esta iniciativa, se ha dado un importante paso delante en Almassora en el compromiso futuro hacia la recomendación de reservar un 2% de sus puestos de trabajo para este grupo de población.
Durante este mes de noviembre se desarrollar en toda España la campaña ‘Un 2% es de ley’, promovida por Plena inclusión, movimiento asociativo que agrupa a 940 entidades en 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Plena inclusión gestiona 4.000 centros y servicios en los que se presta apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) y a sus familias. Esta gran red de solidaridad trabaja por la mejora de la calidad de vida y defiende los derechos de las personas en ámbitos como la salud, la educación, el empleo, la vivienda o la justicia.