Distintos representantes de la coalición Compromís se han reunido hoy telemáticamente con representantes de València Laica y Recuperando (Raquel Ortiz, Juanjo Picó y Andrés Valentín) para compartir la problemática de las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia Católica y coordinar distintas iniciativas de cara a clarificar, revisar y recuperar aquellos bienes inmatriculados por la Iglesia de forma irregular.
El senador Carles Mulet, coordinador de esta iniciativa, junto a Joan Baldoví en el Congreso y Josep Nadaldesde les Corts Valencianes promoverán iniciativas de cara a clarificar la contradictoria respuesta del Gobierno ante la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia. Así, Compromís facilitará que se puedan aprobar mociones en los distintos ayuntamientos afectados por esta práctica de la iglesia en bienes históricamente de propiedad pública, como ermitas, campanarios o dependencias anexas a bienes de raíz religiosa. Son decenas de miles de propiedades que se han visto inscritas a favor de la Iglesia Católica y que podrían superar holgadamente las cifras dadas a conocer en su informe por el Gobierno.
La coalición ya ha tramitado en el Senado la solicitud de comparecencia del ministro de Cultura para que dé cuenta de las acciones realizadas y medidas urgentes para revisar todas y cada una de las inmatriculaciones y una moción que insta al Gobierno a tramitar una reforma de la Ley de Patrimonio Histórico español en la que establezca un capitulo especifico que aborde el patrimonio histórico de raíz religioso, afectando estos bienes de dominio publico al patrimonio de la Administración, dando así respuesta a esta situación que no estaba prevista en la Ley de 1985.
Por otro lado, en tanto en cuanto no se produzca lo anterior instar que, de forma inminente, el Ministro de Cultura, custodio del inventario de bienes de patrimonio histórico y culturales, proceda a reclamar la afectación explicita al dominio público de todos los bienes que, estando en ese inventario, lo estén también en el listado publicado por el Gobierno, independientemente que estos estén o no en el Inventario de Patrimonio del Estado y que emprenda las medidas que sean necesarias de carácter judicial o legal para consolidar la nulidad de las inmatriculaciones practicadas.