Los votos de los dos diputados de Ciudadanos en el pleno de la Diputación han servido para sacar adelante la petición para que el Centro de Coordinación de Emergencias, CICU, se quede en Castellón. Una reivindicación que ha contado con la aprobación de todo la cámara a excepción del PSOE, que se ha abstenido, desmarcandose de sus propios socios de gobierno. El texto aprobado insta a la Conselleria de Sanitat Universal I Salut Pública a que atienda las alegaciones presentadas por sindicatos y asociaciones, dejando sin efecto el documento publicado. En su intervención, la diputada por Ciudadanos, Cristína Fernández, ha pedido “que se convoque una mesa sectorial de transparencia y participación con los profesionales del gremio, para que puedan explicar los motivos por los cuales la decisión tomada de centralizar la gestión del CICU en una sola sede afectaría negativamente a la atención del paciente”.
Las infraestructuras ferroviarias provinciales y el anuncio de cobrar peaje a la red de grandes vías por parte del gobierno de Pedro Sánchez han centrado buena parte del pleno con dos mociones. Al respecto de la petición de mejora del servicio de Cercanías, Fernández ha destacado que “la conexión de Cercanías se ha convertido en el cuento de nunca acabar. La inacabable Sagrada Família de nuestras infraestructuras que, pasan y pasan las generaciones, y cuya solución nunca llega a su final. No vemos la luz al final del tunel. Ni se intuye·. Respecto a la polémica del peaje en autovías y autopistas, ha recordado que “Ciudadanos siempre ha defendido la necesidad de un gran Pacto por las Infraestructuras y la Movilidad. En él han de contenerse medidas como la evaluación de la rentabilidad económica y social de los proyectos. Pero para eso es fundamental negociar con el resto de las fuerzas políticas y con los agentes de los sectores afectados”.
El diputado provincial Domingo Vicent ha defendido su apoyo a la moción presentada para defender los intereses del sector pesquero ante la Unión Europea. Vicent ha recordado «que estamos ante un sector que mantiene 8.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana y que el año pasado generó un volúmen de negocio de 56 millones de euros. Sin embargo esta importancia estratégica no tiene su correspondencia a nivel político, siendo afectada por continuos cambios de normativa que amenazan su subsistencia».