El pleno del Ayuntamiento de Almassora se ha adherido esta semana a la Agencia de Protección del Territorio de la Generalitat Valenciana para ceder las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística en los supuestos de infracciones urbanísticas graves o muy graves cometidas sobre su territorio, ya sea en suelo no urbanizable común o protegido.
Tras la aprobación por parte del pleno, la corporación municipal de Almassora acepta entre sus compromisos: designar a un responsable político encargado de la correcta remisión de la documentación municipal requerida por la Agencia, comunicar a ésta toda infracción urbanística susceptible de calificarse como grave o muy grave en suelo no urbanizable de su municipio, remitir a la Agencia un acta de denuncia e inspección firmada por un inspector urbanístico o policía local, remitir un informe técnico y cualquier otro relacionado con los procedimientos sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística.
Esta agencia servirá como instrumento para velar de forma eficaz “por la utilización racional y legal del suelo” con el objetivo de “poner fin al descontrol de las construcciones en suelo no urbanizable que se ha producido en la Comunitat Valenciana a lo largo de muchos años”, según figura en la carta de invitación a participar en el proyecto remitida por la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Inmaculada Orozo, al Ayuntamiento de Almassora.
Tal como informa, el suelo no urbanizables es aquel que se preserva de transformaciones. “Una implantación ordenada y ajustada a la leu es imprescindible para mantener sus valores y asegurar el mantenimiento de los servicios ambientales y territoriales básicos que nos proporciona”, señala el documento. La ocupación poco racional, por el contrario, agrava los riesgos naturales, hipoteca la proyección de infraestructuras necesarias y afecta directamente a la lucha contra el cambio climático.
Tal como ha recordado la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, la Agencia tiene medios propios y autonómica de gestión para el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de protección del suelo y estará en pleno funcionamiento antes de que acabe el año para que municipios como Almassora deleguen sus competencias y velen por la conservación de su territorio.