La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, ha organizado una jornada sobre el anteproyecto de Ley de regulación de la actividad de los grandes tenedores de vivienda y del acoso inmobiliario para dar a conocer a los sectores implicados el texto de la nueva norma que se encuentra en fase de información pública.
Para el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, esta ley podría ser “pionera en determinados aspectos del derecho a la vivienda” ya que pretende incidir con capacidad regulatoria en tres ámbitos diferenciados: la actividad de los grandes tenedores, la creación de un cuerpo de inspectores y el acoso inmobiliario.
Respecto a la actividad de los grandes tenedores, el vicepresidente ha destacado la iniciativa de “crear un registro que combata la opacidad de su actividad y ahonde en la democratización del derecho a la vivienda”. Asimismo, Illueca apuesta por poner en marcha herramientas que eviten la actividad especuladora que se produce por parte de estos grandes tenedores. Una de ellas sería “la cesión obligatoria del usufructo si el activo está deshabitado y existen razones de necesidad habitacional, o la obligación de ofrecerlo en alquiler social en caso de desahucio de familias vulnerables”.
Otro de los puntos destacados de la norma es la creación de un cuerpo de inspectores de la Generalitat que ayude a “controlar la actividad inmobiliaria, velar para evitar situaciones de irregularidad o especulación, y aplique de forma más efectiva las políticas de vivienda de la Conselleria”, ha explicado.
Por último, Héctor Illueca ha destacado la necesidad de perseguir el acoso inmobiliario. “Si lo hacemos con esta ley, seremos la primera comunidad autónoma en tener una regulación tan extensa sobre el asunto que pueda proporcionar a la ciudadanía un marco de seguridad jurídico y herramientas para combatirlo”.
Mayor control administrativo
Por su parte, el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, ha señalado que el anteproyecto que hoy se ha presentado “supone un gran avance en la búsqueda de garantizar el derecho a la vivienda de los colectivos más vulnerables”. Además, “dota de un mayor control a la administración pública sobre las actividades potencialmente especulativas de algunos actores del mundo inmobiliario”.
La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, ha incidido en la necesidad de desarrollar aspectos pendientes de la Ley de la Función Social 2/2017 que son muy importantes para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Entre ellos está la regulación de los grandes tenedores, la creación de un registro de grandes tenedores que posean viviendas en la Comunitat Valenciana, así como determinar aquellas actuaciones que dificulten o impidan el acceso a una vivienda digna y que suponen la manifestación de abusos inmobiliarios.
Según ha explicado Pura Peris, una vez finalice el plazo de presentación de alegaciones este jueves, se analizarán y valorarán las alegaciones presentadas, para su posible incorporación. A partir de ahí el documento pasará al Consell y, posteriormente, a las Cortes Valencianas.
Participantes de los sectores implicados
La jornada que ha sido organizada a través de la Dirección General de Emergencia Habitacional, Función Social y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, ha resultado de gran interés a sectores específicos como la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, los colegios profesionales de aparejadores, administradores de fincas y agentes de la propiedad inmobiliaria; las asociaciones de promotores, de propietarios de viviendas de alquiler; ONGs; y sindicatos, entre otros.
Se ha divido en tres mesas de trabajo. La primera de ellas, bajo el título ‘Grandes tenedores’, ha debatido sobre la regulación de la actividad de los grandes tenedores dentro del anteproyecto de Ley, así como la creación de un registro. Ha contado con las intervenciones de Alejandro Aguilar; Verónica Dávalos, abogada civilista y activista en la defensa del derecho a la vivienda; Gonzalo Carrasco, abogado de la Comisión Jurídica Estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); y Cristina Argelich, de la Universidad Autónoma de Madrid.
A continuación, en la mesa dedicada al ‘Acoso inmobiliario’ se han analizado la pertinencia y adecuación de la regulación de las conductas de discriminación y su régimen sancionador. En ella ha intervenido Pura Peris; la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias Valencianas (ASICVAL), Nora García; el secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, Vicent Inglada; Jorge Correcher, del departamento de Derecho Penal de la Universitat de València y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya; y Nacho Collado, de la Cooperativa El Rogle.
Las sesiones de trabajo han concluido con la mesa ‘Social’ para dar voz a la sociedad civil frente a esta problemática. En ella han participado técnicos de la Unidad de Ayuda ante Desahucios (UAD) de la Conselleria de Vivienda; José Luis González, de la PAH Comunitat Valenciana; Javier Vázquez Etxeberría, del Sindicat de Llogaters de Castelló; y Eva Corredoira, abogada especialista en derecho a la vivienda.