El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha llegado a un acuerdo con los propietarios del solar entre el Palacio de Justicia y el Hotel Palace para la compra de los terrenos, con un objetivo doble: resolver uno más de los “empastres urbanísticos heredados del PP” y avanzar en la solución definitiva para la nueva comisaría de la Policía Nacional. La adquisición del solar por 278.000 euros, cifra que supone un ahorro de más de 150.000 euros con respecto a la petición inicial, forma parte de un proyecto amplio para esponjar y mejorar la zona de servicios ubicada al norte de la ciudad y resolver las condiciones de trabajo de la actual plantilla de la Policía Nacional. Para ello, los planes de Benlloch pasan por destinar el nuevo solar a aparcamiento y ofrecer para la nueva comisaría el actual parking de la avenida Matilde Salvador, en la zona que recae en la rotonda de salida de Vila-real.
El coste del solar, de 616 metros cuadrados en la actualidad, se abonará en tres anualidades: 50.000 euros (reservados ya de los ahorros de 2019) que se pagarán antes del mes de mayo y otras dos cuotas de 114.150 euros a satisfacer en los ejercicios de 2021 y 2022. El acuerdo, indica el primer edil, “nos permite ofrecer una solución definitiva a la urgente construcción de una nueva comisaría en Vila-real, al tiempo que favorecerá la dinamización de una zona de servicios en los accesos a la ciudad. A pesar de la gravísima situación económica municipal que arrastramos por la herencia del PP y la falta de recursos, no podíamos renunciar a un proyecto de esta relevancia para el futuro de Vila-real como capital comarcal de servicios”.
La adquisición de esta parcela permitirá, además, resolver una anomalía en la finca a raíz de la construcción del Palacio de Justicia. “Ya en su día tuvimos que resolver el empastre del PP en este edificio, que encontramos en 2011 en un esqueleto abandonado y sin visos de solución, y ahora, además, resolvemos otro más de los empastres a los que nos tenía acostumbrados el Partido Popular de Vila-real, ya que, para construir la sede judicial se ocupó por error un 19% de esta finca privada”, detalla el alcalde. Tanto el informe del arquitecto municipal como el informe de tasación confirman que, originalmente, la superficie de la finca era de 750 metros cuadrados, que se vieron reducidos a 616 metros tras ocuparse por error 134 para la edificación de sede judicial. “Esta situación, sumada a las obligaciones urbanísticas de los terrenos que limitan las posibilidades de construcción en la zona, suponían un perjuicio para los propietarios que habría podido derivar en reclamaciones e indemnizaciones”, incide Benlloch.