La portavoz del Grupo Muinicipal Socialista en el Ayuntamiento de Segorbe, Inma Mouriño, ha exigido a la alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Climent, que subsane los errores en el expediente que se vio obligada a retirar en el pasado pleno municipal y que pague a la mayor brevedad posible a las empresas proveedoras de la localidad. Mouriño recuerda que “al estudiar el expediente administrativo que se presentó en su momento al pleno municipal, observamos errores graves que podrían llevar a la posterior nulidad del acto administrativo porque incluían facturas del año 2021 con errores en las cifras, que no se correspondían con los informes y facturas del año 2022 , que no se pueden pagar con el reconocimiento extrajudicial de créditos Por lo que pedimos su retirada y la alcaldesa tuvo que eliminar el punto del orden del día del pleno obligada por los hechos que expusimos en la sesión”.
La portavoz socialista explica que “desde el Partido Popular se vanaglorian de que se paga a los proveedores en un plazo de seis días, pero con expedientes como este vemos que no hay nada más lejos de la realidad, ya que existen facturas en los cajones desde el año pasado que ascienden a 34.650,88 euros, como mínimo. No es solo que intenten engañar a las vecinas y vecinos de Segorbe, si no que el concejal de Hacienda faltó a la verdad en la comisión diciendo que las facturas habían entrado fuera de plazo, pero eso no se recoge en los informes que acompañan al expediente” y añade que “la realidad es que las facturas no se pagaron porque no había crédito suficiente o porque no existía contrato para llevar a cabo los trabajos”.
Por último, la portavoz socialista argumenta que “queda demostrada la mediocridad y la ignorancia del equipo de gobierno en la gestión de los fondos públicos y la poca planificación de sus actos. Este error va a suponer un aumento en el periodo medio de pago, pero lo más grave es que las empresas van a seguir sin cobrar. En la próxima sesión plenaria, además, vamos a preguntar al concejal de Hacienda porque firma los documentos oficiales sin comprobar si cumplen con la legalidad, porque es un asunto grave que puede acarrear consecuencias pésimas para el consistorio”. Asimismo, exige que “el equipo de gobierno lea los expedientes que firman aunque eso implica que han de trabajar, pero para eso cobran un buen sueldo que paga toda la ciudadanía”.