El Ilustre Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha comunicado su indignación con el repentino cambio en la prioridad de vacunación por parte de la Conselleria de Sanidad. El 12 de enero se reunieron todos los representantes de las profesiones sanitarias de la Comunitat con la Conselleria y se estableció un calendario con el que todos quedaron conformes. No obstante, se han enterado por la prensa que esto no se cumplirá.
“De verdad que a actuación de la Conselleria de Sanidad nos parece todo un despropósito. Nos convoca para tomar decisiones conjuntas que luego, sin consenso, cambian y ni siquiera nos informan. Nos hemos tenido que enterar por la prensa. Solicitamos con urgencia respuesta a los comunicados que le remitimos para solventar esta situación y, por el momento, ni siquiera nos cogen el teléfono”, asegura Pilar Nieto, presidenta del ICOPCV.
Los profesionales de la Podología no han quedado incluidos en el cribado prioritario para ser vacunados y, en opinión del ICOPCV, eso supone una irresponsabilidad por parte de la Conselleria que vuelve a olvidar las necesidades de este colectivo sanitario.
“Se está desestimando gravemente el riesgo de los profesionales sanitarios en general y en concreto de los podólogos. Nosotros seguimos trabajando y podemos estar en contacto al día con 20 personas diferentes. Además, nuestra profesión requiere el trabajo piel a piel porque debemos explorar de esta forma a los pacientes”, ha continuado la vicepresidenta del ICOPCV, Maite García.
“Además, como trabajamos de forma privada, no tenemos acceso a los datos públicos de los contagios de nuestros pacientes y podemos ponernos en riesgo estando en contacto, por ejemplo, con alguien que deba estar en cuarentena y no lo respete”, ha asegurado Pilar Nieto.
Desde el ICOPCV se ha destacado la importancia de priorizar la vacuna de sus colegiados de consulta privada, puesto que los que trabajan en residencias están vacunados. Sin embargo, el resto que están atendiendo pacientes con normalidad utilizando EPIS, lo que supone el 75% de sus pacientes, son pacientes de riesgo, mayores de 65 años con patología crónica. Junto a esto, la media de tratamiento con estos pacientes es de 25 minutos delante del paciente, algunos mayores, con oxígeno u otras enfermedades que les hacen quitarse la mascarilla porque no la toleran. Además, existe una rama de la podología que tiene grupos de contactos muy amplios, como los profesores de prácticas de la Universidad, que ven aumentado su riesgo de posibilidad de contagio porque tratan con pacientes y a su vez con alumnos.
“Sólo pedimos que la Conselleria cumpla con su compromiso y que se aborde el tema de cruzar los datos de la sanidad pública con las mutuas porque la situación es insostenible”, ha asegurado la presidenta del ICOPCV.
Acciones por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos ante el Ministerio de Sanidad
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) reclama al Ministerio de Sanidad su inclusión en el grupo 3B de la estrategia de vacunación COVID-19junto a otros profesionales sanitarios: fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica.
La última actualización de la estrategia, dada a conocer ayer, excluye a los profesionales de la Podología que siempre habían estado encuadrados en este grupo de profesionales sanitarios a los que se prevé vacunar con la vacuna AstraZeneca si cumplen el requisito de ser menores de 55 años. El Consejo General de Colegios de Podólogos considera denigrante esta exclusión y confía en que sea un error ya que de lo contrario sería un flagrante incumplimiento de los compromisos del Ministerio. Algunas comunidades autónomas ya han iniciado la vacunación a los podólogos o lo van a hacer de forma inmediata, como Murcia, Andalucía, Cataluña, Navarra o La Rioja.
Los podólogos (7.500 colegiados en toda España) son profesionales sanitarios tal como reconoce al Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, considerados esenciales por el Gobierno desde la declaración del primer estado de alarma. Los podólogos tienen la misma titulación universitaria superior que otros profesionales sanitarios y, frente a lo que ocurre con otros de los profesionales que sí han sido incluidos, ejercen la profesión sin derivación de otros profesionales. Es decir, tienen plena capacidad diagnóstica, de tratamiento (incluso quirúrgico) y de prescripción de fármacos (competencia reservada a médicos, dentistas y podólogos).
Desde la declaración de la pandemia, como profesión sanitaria calificada como esencial por el Gobierno, las consultas y clínicas podológicas permanecieron abiertas para atender las urgencias podológicas y ayudar a paliar el colapso del Servicio Público de Salud. Esta apertura supuso asumir un alto coste debido a la drástica reducción de afluencia de pacientes a las consultas.
Se da la circunstancia, además, de que los profesionales de la Podología atienden en sus consultas a una población de riesgo, como personas mayores o pacientes con diabetes que son las que sufren más patologías y más graves de pie y tobillo y con tratamientos a menudo prolongados, con contacto y sin la distancia mínima en el gabinete podológico.
Esta exclusión es un mazazo para la profesión, excluida del Sistema Nacional de Salud y que en su reciente felicitación a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por su nombramiento ya le pidió el reconocimiento a todos los niveles de que los podólogos son profesionales sanitarios y, por tanto, necesarios para el buen funcionamiento del sistema. El CGCOP trasladó este mismo mes a Darias que incorporase a los profesionales de la Podología en cualquier estrategia de salud pública y en todas las acciones encaminadas a luchar contra la COVID-19.
Los podólogos han demostrado su generosidad y disponibilidad desde la declaración del primer estado de alarma y el Consejo reclama la participación en todos los equipos de trabajo que se creen, incluidos los relacionados con la crisis sanitaria originada por el coronavirus.