En un escrito firmado el 04 de Octubre a las 20h, siete días después de la comunicación realizada por la Associació local de Llauradors de Nules, la Delegación de Gobierno de Valencia, resolvió, fuera de plazo, PROHIBIR la manifestación de agricultores convocada por las asociaciones de agricultores independientes: ALIV de Vila real; AAN de Nules; ADARIBERA de Algemesí; AVIDA del Camp del Turia, y Biotech Rural, para el 9 de Octubre, día de la Comunidad Valenciana, para reivindicar indemnizaciones a los agricultores por los daños del Cotonet de Sudáfrica y más armas para combatir dicha plaga, incluida una autorización excepcional del Metil-Clorpirifos para los meses de marzo, abril de 2022, único fitosanitario eficaz contra la misma.
La manifestación fue comunicada en tiempo y forma por la ASSOCIACIÓ LOCAL DE LLAURADORS DE NULES el 27 de Septiembre de 2021 y en ella se encontraban los datos de contacto de los responsables para coordinar aspectos de la petición.
Transcurrido el plazo oficial de 72 horas, que concede el artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, del derecho de reunión, para que la administración resuelva la comunicación realizada, no hubo respuesta de la Delegación del Gobierno, ni contacto alguno. Y a pesar de que el silencio administrativo es favorable a lo comunicado, decidimos el viernes 1 de Octubre, a primera hora, consultar telefónicamente. Fue de este modo cómo nos enteramos que la manifestación no iba a ser autorizada con el trazado propuesto, por ello nos mostramos abiertos a cualquier modificación en el itinerario o en el horario, y a pesar del gran abanico de posibilidades que se abre con estas modificaciones, la Delegación de Gobierno no quiso proponernos otra alternativa que no fuera el cambio de fecha, ya que según la funcionaria de la Delegación, no era posible realizar modificación alguna, porque había muchos eventos ese día en Valencia. Entendiendo que se estaba vulnerando nuestro derecho fundamental de manifestación, le solicitamos que nos respondiera eso mismo por escrito. La comunicación por escrito ha tardado cuatro días más, y siendo consciente la autoridad de que no podía justificar el cambio de fecha, tan solo menciona la imposibilidad de aprobar la manifestación debido a que el itinerario coincide en la Plaza del Ayuntamiento con la procesión cívica, cuando en absoluto era necesario para nosotros que pasara por ese punto, por lo que podía proponernos desviarla o incluso hubiéramos aceptado una Concentración en alguna plaza de la ciudad, pero no hubo propuesta alguna por parte de la Delegación de Gobierno.
El artículo 21 de la constitución señala que la autoridad “sólo podrá prohibirla, cuando existan razones fundadas de alteración del orden público”. En nuestro caso, ni existe antecedente violento alguno por parte de las asociaciones convocantes, ni antipatía ideológica con nadie, ya que se trata de una manifestación con demanda social y no ideológica. En cambio, si se han aprobado cinco manifestaciones de carácter ideológico por distintos puntos del centro de la ciudad: la tradicional de la izquierda valencianista, convocada por la Comissió 9 d’Octubre-Acció Cultural del País Valencià, y otra de la izquierda independentista, impulsada por Coordinadora Obrera Sindical (COS); una de la organización anticatalanista Grup d’Acció Valencianista (GAV); “Organizaciones del Sur de Valencia” y “Asociación l’Encontre Política Valencià”. El año pasado, según el Delegado del Gobierno en declaraciones a la prensa dijo que se autorizaron todas las solicitas, siete, y todas ellas también de carácter ideológico y unas antagónicas de las otras. El Delegado del Gobierno de entonces, Rafael Rubio dijo: «Se ha pedido autorización para concentraciones y manifestaciones. Evidentemente, las vamos a dar. Estamos en un país donde los derechos y libertades fundamentales están plenamente vigentes. ¿Qué ha cambiado ahora para que una manifestación pacífica de agricultores y antagónica de nadie, sea prohibida?
Por todo ello, denunciamos que a las autoridades, no les preocupa ni la violencia ni el orden público, lo único que les preocupa, porque es una denuncia hacia su mala gestión, son las manifestaciones de descontento social de colectivos laborales perjudicados por decisiones políticas suyas.
Ante esta violación del derecho de reunión, las asociaciones convocantes estudiaran acciones jurídicas por:
1 Incumplimiento del artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión, en lo relativo al incumplimiento del plazo de respuesta (72 horas), han tardado en responder 7 días.
2 Irregularidad en la motivación razonada, ya que hay que basar en la lógica ese riesgo de alteración del orden público y no en supuestos imaginarios.
3 No ha habido ninguna intención de comunicarse con los organizadores para pactar un cambio de itinerario o de hora
Por último se anuncia que la manifestación desautorizada se realizará el próximo Jueves 28 de Octubre, con el mismo horario e itinerario, si es que esta vez, lo autoriza la Delegación de Gobierno.