El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón llevará al pleno del mes de febrero una moción para reclamar a las entidades bancarias y a otros organismos a “ofrecer una atención personalizada en ventanilla durante el horario que las oficinas estén abiertas al público, para facilitar una atención más comprensible a la ciudadanía y, en especial, a la gente mayor y a personas con diversidad funcional”.
La moción, presentada por los portavoces de PSPV y Compromís -las dos formaciones del equipo de gobierno-, también contempla la petición de que “estas entidades no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tienen las habilidades para poder hacer, de forma autónoma, las diferentes gestiones en los cajeros automáticos y que se aplique una tarificación social en la aplicación de comisiones, en función de las características de cada cliente”.
Asimismo, se solicita “que los productos financieros que se ofrezcan por parte de estas entidades a los clientes sean transparentes y comprensibles”, apuntando que “la claridad en la redacción tiene que ser una norma para no confundir a las personas y hacerlas contratar productos que se desconocen o incurrir en gastos innecesarios y abusivas”.
Dentro de la propuesta del equipo de gobierno, que se llevará a debate en la sesión plenaria del martes 15 de febrero, se recoge “promover la instalación de cajeros automáticos en todos los municipios de la provincia, muy especialmente después del progresivo cierre de sucursales”. Junto a ello, se considera necesario que los poderes públicos competentes “legislen y regulen una normativa bancaria más justa y solidaria, especialmente para las personas más vulnerables”.
Plan de servicio rural financiero
Por otro lado, desde el equipo de gobierno de la Diputación se pide a la la Generalitat Valenciana y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que ponga en marcha “un plan de servicio rural financiero en aquellas entidades locales que no disponen de una oficina bancaria ni atención presencial”. Este plan, tal y como propone el equipo de gobierno, debería incluir la reactivación del servicio bancario en las poblaciones que no tuvieron ningún tipo de servicio financiero, basado en parámetros de responsabilidad social, ética bancaria y compromiso con el territorio. Además, tendría que contemplar talleres y formación de alfabetización digital dirigidos a la reducción y erradicación de la brecha digital rural en la ComunitatValenciana.
Por último, se propone trasladar este acuerdo a las direcciones generales de los bancos con sede en la provincia de Castellón, a la Asociación Española de Banca, así como en el Consell de la Generalitat, a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y al Síndico de Greuges.
Exposición de motivos
En su argumentación, el equipo de gobierno destaca que en los últimos tiempos la prestación y la calidad de los servicios bancarios presenciales en la población se han reducido de forma extraordinaria, un proceso que “se ha visto agravado por la digitalización, las fusiones y también por la pandemia, con la implantación de la cita previa, las limitaciones de acceso a las oficinas y las restricciones de horarios de atención”.
Esta es una situación que afecta la población en general, pero sobre todo, a los colectivos de personas mayores y con diversidad funcional, “que ven sus derechos vulnerados por la carencia de una atención específica que los ayudo a ejercerlos de forma adecuada y segura”. Con este fenómeno “estamos ante una situación de maltrato a los colectivos más vulnerables y, en definitiva, en la población en general”.
La banca en línea y la reducción de personal obliga los usuarios a operar a través de los cajeros automáticos, del teléfono móvil y del ordenador. Este hecho, que afecta a toda la ciudadanía, “tiene una mayor afectación a las personas de edad avanzada (que no están acostumbradas a utilizar las nuevas tecnologías) o a las personas con diversidad funcional”.
Para el equipo de gobierno de la Diputación de Castellón, “la atención individualizada y de calidad, la formación en derechos bancarios, la detección de problemas específicos en el caso de cada cliente, tienen que ser las premisas a partir de las cuales el sector atienda las necesidades de su clientela, especialmente, en los casos en que esta sufra el riesgo de no poder ejercer sus derechos como consumidor por situaciones concretas de vulnerabilidad”.
Con todo ello, se subraya que “si las entidades bancarias, por sí mismas, no son capaces de encontrar e implementar iniciativas que se puedan alinear con los criterios y valores de la Responsabilidad Social, tendrán que ser las administraciones públicas, como garantes de los derechos de la ciudadanía y en su representación, quienes aseguren la asunción de estos compromisos de manera reguladora”.