FSIE lamenta las aulas denegadas en Formación Profesional

FSIE lamenta las aulas denegadas en Formación Profesional

FSIE-Comunitat Valenciana, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, y uno de los más representativos en la enseñanza privada y la atención a la diversidad funcional en la Comunitat Valenciana, lamenta las aulas concertadas denegadas por Educación y apunta que “no ha sido tenida en cuenta la elevada demanda en muchos de los centros que no han renovado el concierto”.

Por todo ello, ha solicitado acceso a los informes sobre las necesidades educativas de la Comunitat para “conocer la situación” al tiempo que ha solicitado poder hacer “aportaciones en temas que son determinantes para el presente y el futuro del sector”.

Así, FSIE valora las aulas que se han concedido de forma definitiva, pero “lamenta profundamente todas las aulas que han sido denegadas, especialmente en el nivel de Educación Infantil” al tiempo que ha trasladado su malestar por “la decisión de la Conselleria respecto de las unidades de FP y Bachillerato ya que no ha tenido en cuenta la elevada demanda”.

Así, ha señalado que se desestiman unidades en todos los niveles: integración, Infantil, FP y Bachillerato, con lo que “se impide crecer a los centros pese a tener en algunos casos unidades autorizadas y con los alumnos escolarizados”.

FSIE se ha referido de esta manera a la resolución de los expedientes de solicitud de acceso al régimen de conciertos, modificación y/o prórroga de los conciertos educativos en la Comunidad Valenciana durante el mes de enero de 2022, publicada el 4 de abril de 2022.

Al respecto, FSIE ha solicitado que se recuperen las comisiones de concierto de las Direcciones Territoriales y también el acceso a los Informes relativos a las necesidades educativas en la Formación Profesional en la Comunidad Valenciana y a las necesidades de escolarización para el curso 2022-2023, en virtud del cumplimiento de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, y la Ley 29/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.