FSIE, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y uno de los más representativos en el campo de la enseñanza privada y atención a la diversidad funcional en la Comunitat Valenciana, ha solicitado a la conselleria de Educación que “deje de lado las excusas” y no deje fuera del programa de refuerzo educativo por la pandemia (#PROA+) a 30.000 alumnos de la concertada y articule una fórmula para incluirlos.
De esta manera, FSIE-CV ha registrado un escrito a Conselleria sugiriéndole que elabore una convocatoria específica para centros concertados, a semejanza del proceso que se utiliza en el tratamiento de la distribución de fondos destinados al PAM, para evitar que se deje fuera del Programa Proa+ a los más de 30.000 estudiantes que requieren acciones de refuerzo por el Covid-19 de 1º y 2º ESO, escolarizados en 174 colegios concertados puedan tener los mismos recursos educativos que los escolarizados en los centros de titularidad de la conselleria. Así mismo, solicita que se incluyan mejoras que permitan contratar de nuevos profesores.
FSIE-CV se ha pronunciado de esta manera después de que la consellería decidiera excluir en la Resolución de 21 de diciembre al “alumnado más vulnerable educativamente” de la concertada, dentro del Programa de Cooperación Territorial #PROA+ del Ministerio que sí lo incluía en su articulado.
En este contexto, el sindicato ha explicado que el programa #PROA+ recibe fondos del Ministerio de Educación, provenientes de la Unión Europea, por valor de 4.439.736€ (Resolución de 31 de julio) y 1.839.728 € (Resolución 28 de diciembre), fondos que la Conselleria ha destinado exclusivamente a centros públicos.
Así, ha señalado que, según el peso de la concertada en el sistema educativo valenciano, a los centros concertados les corresponderían casi 1,5 millones de euros. Sin embargo, la conselleria hace “un uso selectivo de esos fondos” cuando en la resolución del Gobierno se especifica que “el objetivo general es poner en marcha un mecanismo de ayuda para el fortalecimiento de los centros financiados con fondos públicos que afrontan mayor complejidad educativa”, ya que el “destinatario último es el alumnado de educación primaria, ESO y Bachillerato de dichos centros, con especial atención a los más vulnerables educativamente”.
Enmendar el error
Así, FSIE ha recordado al conseller Vicent Marzà que, tanto la comunidad de Baleares, en su Resolución de 6 de octubre, como la de Madrid, en su Resolución del 25 de enero, han incluido a los centros concertados.
Baleares lo hizo a través de dos vías, una línea presupuestaria que permite la incorporación de profesionales del ámbito social, y otra que establece un plan de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar (PAE) con una asignación económica al profesorado participante en forma de gratificación. Así mismo, Madrid establece una dotación económica finalista asignada para el desarrollo del programa, de manera que los centros “podrán contratar empresas o entidades con experiencia en acciones e intervención socio-educativa”.
FSIE ha explicado que en la Comunidad ya tenemos en marcha los PAM (programas de actuación para la mejora), un instrumento “ya engrasado” para contratar a profesionales que puedan llevar a cabo el Programa #Proa+. De esta manera, la conselleria “sólo” tendría que hacer una nueva convocatoria para la concertada, como se hace con los PAM.
“Aún estamos a tiempo de corregir el error, solo necesitamos voluntad política para defender la igualdad de oportunidades, asignando para lo que queda de curso un total de 245 profesores más para 239 IES”, ha explicado FSIE.
El sindicato ha añadido que “si no se hace es porque no se quiere. Tenemos los instrumentos legales y tenemos tiempo todavía”. Recuerda que este tema, después de haberlo señalado en el Fórum educativo, ya ha saltado a Les Corts, mediante una Proposición no de ley de Ciudadanos, presentada el pasado 24 de enero, en la que proponía modificar la Resolución del 21 de diciembre “para incluir a todos los centros sostenidos con fondos públicos”.
Los alumnos de 1º y 2º de la ESO y sus familias no entenderían qué es lo que impide que se puedan beneficiar de estas medidas, cuando en otras CCAA sí se puede.