La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Bastidas, ha instado hoy al Presidente de la Generalitat, Ximo Puig y a la Vicepresidenta Mónica Oltra a llevar a cabo todas las modificaciones normativas necesarias para que las personas que trabajan con mayores, menores o dependientes y estén inmersas en procesos judiciales relacionados con una posible vulneración de los derechos de estos colectivos, “sean apartadas de sus funciones hasta que haya resolución firme”.
Bastidas ha señalado que “no nos podemos quedar de brazos cruzados” ante situaciones judiciales relacionadas con la comisión de delitos cometidos por quienes prestan servicios en los en centros públicos o privados, en los cuales se prestan los servicios sociales de titularidad de la Generalitat, contra la indemnidad sexual o la integridad física de las personas en situación de mayor vulnerabilidad que son usuarias de dichos centros.
Actualmente, la Generalitat no prevé expresamente la obligación de separar a los trabajadores que prestan sus servicios en uno de estos centros a pesar de que esté sometido a investigación administrativa o penal, imponiendo así a las víctimas la carga de convivir con sus agresores y favoreciendo la reiteración o agravación de la situación.
Por todo ello el PPCV insta al Consell a llevar a cabo las modificaciones normativas, así como de cualquier convenio, acuerdo o contrato que pudiera verse afectado, que resulten necesarias para impedir que cualquier persona que preste servicios sociales dependientes de la Generalitat sobre las que exista un procedimiento en curso por vulneración de los derechos de los usuarios, puedan seguir en contacto con los mismos hasta resolución firme que les exonere de cualquier tipo de responsabilidad.