El Partido Popular de Castellón ha calificado la subida de impuestos a todos los castellonenses de “inadmisible” en un momento en que la inflación continúa su tendencia alcista. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en diciembre al 6,7%, su nivel más alto desde marzo de 1992. Una escalada de precios que afecta a todos los productos y servicios básicos, como la leche, que ha subido un 14%, o los macarrones, con un incremento del 20%. Más presión fiscal para las familias que soportan una tarifa de la luz que ha subido un 21% en la factura del último año.
El secretario general del PP de la provincia de Castellón, Salvador Aguilella, asegura que “si la subida de los precios ya provoca por sí sola un empobrecimiento de los castellonenses, ahora tenemos que añadirle la inadmisible subida de impuestos del Gobierno de Sánchez y Puig que agravan el problema y además ataca a la competitividad de las empresas, lo que va a provocar más paro”. Un escenario que agudiza el dato ya de por sí negativo del mes de diciembre, en el que la provincia vio cómo se destruían 5.000 contratos.
Cabe recordar que desde el 1 de enero se ha incrementado la presión fiscal a todos los castellonenses al aumentar la cuota de autónomos, el impuesto de Sociedades y matriculación. Y disminuir los beneficios de los planes de pensiones. Y que el Gobierno de Puig ha acordado crear una tasa turística.
Por ejemplo, las cuotas que pagan los autónomos a la Seguridad Social se elevarán aproximadamente entre 60 y 252 euros, dependiendo de la base por la que coticen, con respecto a lo pagado en 2021. Y los fabricantes y distribuidores representados por ANFAC calculan que el precio de los medio de los coches subirá hasta 1.000 euros y que esto, unido a la crisis de los semiconductores que alarga el tiempo de espera para recibir el vehículo, hará que se dejen de matricular hasta 100.000 unidades en España.
Y también hay una rebaja sustancial a la cantidad máxima que pueden desgravar quienes tuvieran un plan de pensiones, pasando de una aportación máxima deducible de 2.000 euros a 1.500 euros. Se trata del segundo hachazo que sufren estos planes, cuyo límite de deducción ya pasó de 8.000 a 2.000 euros con los Presupuestos del año pasado. Y por si fuera poco, Puig acuerda crear una tasa turística en 2022 que afectará a un sector tan perjudicado por la COVID en los dos últimos años.
Aguilella asegura que “necesitamos un cambio de gobiernos cuanto antes, para enderezar la economía y bajar impuestos. Desde el Partido Popular tenemos claro que hay que aplicar de inmediato la bajada de impuestos anunciada por Pablo Casado y Carlos Mazón. Y hay que enderezar la actual política económica que nos lleva de cabeza a un empobrecimiento de las familias, y al cierre de empresas y destrucción empleo”.