El Partido Popular de Morella defenderá en pleno la protección social de sus vecinos con una propuesta en defensa de la inversión que garantice los recursos que el Plan Convivint del Consell niega. La iniciativa la lidera el portavoz del PP en la localidad, Jesús Lecha, quien ha reivindicado “igualdad de derechos para todo el territorio” con una “distribución justa de los recursos”.
Porque precisamente en Els Ports “el Plan Convivint, que nos presentaron en 2021 y establece el plan de infraestructuras sociales hasta 2025, ningunea de forma especial a la comarca de Els Ports, porque no se tienen en cuenta las distancias ni se fomenta una discriminación positiva en favor de los municipios con riesgo de despoblación”.
Es por ello que la iniciativa “en defensa de mayores inversiones que garanticen el refuerzo de las infraestructuras previstas”, persigue, tal y como explica el concejal, “garantizar el bienestar y la calidad de vida a nuestros vecinos”. “Creemos que es necesario revisar las necesidades reales de los recursos fijados por área y departamento, estableciendo una equidad territorial, y aplicando criterios de eficiencia temporal y económica”.
Y para conseguirlo, explica el concejal, “pedimos al Ayuntamiento de Morella que reclame a la Diputación de Castellón que ejerza de valedora de la provincia y exija la convocatoria del Órgano de Coordinación y Colaboración Interadministrativa para revisar este plan de infraestructuras”. Y con ello, “que se incluya en las comarcas que actualmente están más desfavorecidas, Els Ports, Alt Maestrat, el Baix Maestrat, l’Alcalatén, Alto Mijares y Alto Palancia nuevos centros residenciales para personas mayores dependientes, para personas con diversidad funcional, para personas con enfermedad mental y para la infancia y la adolescencia, así como cualquier otro centro que se considere necesario”.
Tal y como señala Lecha, “creemos que se trata de una demanda básica para garantizar el bienestar de nuestros vecinos”, y por ello “consideramos oportuno que desde Morella se inste a la Diputación a crear una comisión que, con una periodicidad semestral, se reúna para evaluar el estado de ejecución de los compromisos alcanzados. Porque de nada sirve vender un plan de infraestructuras que, pasado un año, sigue pendiente de ejecutarse”.