La síndica del grupo popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha anunciado en el pleno de Les Corts la presentación de una reclamación formal para que el imputado hermano de Puig y sus socios devuelvan el dinero defraudado y recibido de forma irregular y fraudulenta de los diferentes organismos de la Generalitat.
En la sesión de control al president, Eva Ortiz ha señalado que “estamos muy de acuerdo con que la abogacía persiga el dinero defraudado pero no con el modo de actuar para que el hermano de Puig y sus socios devuelvan el dinero defraudado porque hay numerosas irregularidades, como ya dijo el consejo de defensa de la competencia y otras que están siendo investigadas por los juzgados, la guardia civil y la agencia antifraude. Ese dinero usted no lo persigue, lo da con generosidad familiar. Son ya más de 2 millones de euros investigados en el cartel de sus hermanos”.
Además, Eva Ortiz ha preguntado a Puig “si podría responder si la policía judicial ha registrado la sede de las empresas de sus hermanos o de sus socios”.
En este sentido, Eva Ortiz ha anunciado que “ante la pasividad de este gobierno, seguiremos reclamando que la Abogacía de la Generalitat no haga distinciones entre quien se lleva el dinero de los valencianos, que se persone ya”.
“Al gobierno de Puig le suspenden todos: el informe del Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, la intervención de la Generalitat Valenciana, la Agencia Antifraude, la Comisión de Defensa de la Competencia, el TSJ en educación, sanidad o derechos fundamentales, el personal sanitario, especialmente, por los más de 3.000 que va a echar a la calle por whatsapp, los agricultores y regantes valencianos a los que ha abandonado, los dependientes de los que 17.000 valencianos esperan reconocimiento”.
La síndica popular ha señalado que “quedará en su haber el mayor recorte en sanidad de la historia de esta Comunidad. Desmantela los centros de urgencias de Castellón y Alicante para centralizarlos en Valencia, abusa de la incertidumbre de los profesionales de las resonancias magnéticas, deja sin resolver el futuro de la plantilla del Hospital de Torrevieja, le condenan por no suministrar material de protección a los sanitarios, tenemos el mayor número de profesionales contagiados del país, ocultan muertos por COVID durante meses, impiden la puesta en marcha de una máquina de radiocirugía donada por Amancio Ortega, valorada en 3,5 millones de euros por “problemas administrativos”, y ahora despiden por whatsapp. Es un despropósito, el colmo de la falta de gestión y planificación”.
Eva Ortiz ha exigido “el mantenimiento de todos los profesionales sanitarios que se contrataron como refuerzo por el COVID mientras siga la amenaza del virus. En lugar de reforzar, despiden al 40% del personal”.
Asimismo, la síndica popular se ha referido al trasvase Tajo-Segura. “No sirve solo con decir que es irrenunciable, lo que queremos es que el decreto que recorta el trasvase no vea la luz. Puig debe dedicar sus esfuerzos y recursos a impedir que ese Decreto vea la luz por las más de 80.000 familias alicantinas que viven del Trasvase y más de 110.000 puestos de trabajo”.
La representante popular también ha advertido que “no vamos a permitir que la imposición lingüística y el agua conviertan al Sur de esta Comunitat en valencianos de segunda, marginados y ninguneados por su gobierno irresponsable”.
Eva Ortiz ha manifestado que “estamos muy de acuerdo con que la abogacía persiga el dinero defraudado pero no con el modo de actuar para que el hermano de Puig y sus socios devuelvan el dinero defraudado porque hay numerosas irregularidades, como ya dijo el consejo de defensa de la competencia y otras que están siendo investigadas por los juzgados, la guardia civil y la agencia antifraude. Ese dinero usted no lo persigue, lo da con generosidad familiar. Son ya más de 2 millones de euros investigados en el cartel de sus hermanos”.
En este sentido, Eva Ortiz ha anunciado “la presentación de una reclamación formal para que el imputado hermano de Puig y sus socios devuelvan a los valencianos el dinero defraudado y recibido de forma irregular y fraudulenta de los diferentes organismos de la Generalitat. Y, ante la pasividad de este gobierno, seguiremos reclamando que la Abogacía de la Generalitat no haga distinciones entre quien se lleva el dinero de los valencianos, que se persone ya”.