El pleno ordinario de la Diputación de Castellón celebrado hoy ha aprobado una declaración institucional respaldada por todos los grupos y leída por el presidente José Martí en la que se solicita al Gobierno de España «la suspensión de la tramitación del proyecto para el establecimiento de una planta solar fotovoltaica denominada ‘Magda’ en el territorio de la provincia de Castellón». Se rechaza de esta manera una infraestructura que «tendría impacto en el conjunto de la provincia» y que afectaría de forma directa a los municipios de les Coves de Vinromà, Vilanova d’Alcolea, la Torre d’en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, la Vall d’Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora, por ser los que albergarían la planta y las líneas de evacuación.
Partido Socialista. Partido Popular, Compromís y Ciudadanos también se dirigen a la Generalitat Valenciana, a la que instan a rechazar el proyecto en los informes sectoriales. Además, solicitan que la Diputación de Castellón cree un grupo de trabajo con representantes de todas las administraciones implicadas a fin de encontrar la mejor solución ante la implantación de este tipo de infraestructuras en la provincia.
En la exposición de motivos del texto aprobado se reconoce que la generación de energía eléctrica es uno de los grandes retos que hay que abordar desde los puntos de vista de la sostenibilidad medioambiental, la defensa del territorio, el patrimonio, el desarrollo económico y la ciudadanía que se vería directamente afectada.
Defensa del Fondo de Cooperación
En el transcurso de la sesión plenaria también se ha aprobado una moción impulsada por los partidos que conforman el equipo de gobierno, PSPV-PSOE y Compromís, en la que se muestra el apoyo de la institución al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana. El texto, que ha contado con el voto afirmativo de los socios de gobierno, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular, señala que la Diputación de Castellón manifiesta su compromiso con este fondo, al que considera «un instrumento para que la autonomía local sea una realidad».
En consecuencia, se insta a todas las fuerzas políticas y administraciones públicas valencianas a «no judicializar y no bloquear un instrumento que rema hacia una financiación más justa para los ayuntamientos de la provincia». Es una iniciativa que se adopta a raíz de la decisión Partido Popular en la Comunitat Valenciana de promover que el Grupo Popular en el Congreso presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Generalitat que regula el Fondo de Cooperación Municipal. El texto recuerda que «en 2021 la Diputación dobló la aportación de 5,6 millones que realiza la Generalitat Valenciana a este fondo, transfiriendo 11,2 millones de euros, con lo que los 135 ayuntamientos de la provincia percibieron a través del Fondo 16,8 millones de euros». También menciona que en 2022 la Diputación transferirá a estos municipios por esta vía 15 millones de euros.
El diputado de Concertación con los ayuntamientos, Ximo Huguet, ha intervenido en el pleno en representación del Grupo Socialista, para instar al Grupo Popular a pedir a su presidente regional, Carlos Mazón, que retire el recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Fondo de Cooperación Municipal.
También se ha referido al «doble discurso del PP de Castellón», al que ha pedido «coherencia» porque «defiende el Fondo de Cooperación cuando está en la oposición pero no lo aplica cuando está en el gobierno», señalando que «si el Partido Popular continuara al frente de la Diputación de Castellón a los ayuntamientos de la provincia, y especialmente a los más pequeños, llegarían cero euros por esta vía».
Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha defendido que «fue la llegada del gobierno del Botánico la que permitió poner en marcha uno de los compromisos estatutarios de la Comunitat Valenciana como el Fondo de Cooperación Municipal. Una manera de hacer llegar a nuestros municipios recursos económicos para su gestión de día a día debido a una infrafinanciación municipal que no ha arreglado todavía el gobierno de Madrid». Garcia ha lamentado «que haya partidos políticos que aprobaron el estatuto y que ahora rechazan el fondo e intentan llevarlo a la inconstitucionalidad, siendo como es, la principal aportación que hacen la Generalitat y la Diputación a los municipios». Según ha dicho, «es del todo inconcebible».
#CastellóAvança
El pleno también ha dado luz verde con el voto a favor de todos los grupos a la ordenanza que regula el nuevo plan #CastellóAvança, el programa inversor municipal para el bienio 2022-2023, cuya dotación económica asciende a 30 millones de euros. Es la evolución del anterior Plan 135 y se ha concebido para dotar de mayor flexibilidad y autonomía a los municipios de la provincia, que podrán desarrollar sus obras a dos años vista, sin la presión administrativa de tener que redactar, licitar, adjudicar, ejecutar y finalizar los proyectos en un único ejercicio.
Haciendo uso de su autonomía municipal, las alcaldesas y los alcaldes podrán destinar todo el dinero que les corresponda para el bienio 2022-2023 a una única actuación de gran envergadura o bien destinar esos fondos a un máximo de cuatro obras. Al menos el 20% de las inversiones deberán ir en la línea que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas.
Atención a mayores en los bancos
Los cuatro grupos representados en la Diputación de Castellón han unido su fuerzas para aprobar una declaración institucional en la que se reclama que las entidades bancarias «ofrezcan una atención personalizada en ventanilla, con especial atención a las personas mayores y/o con diversidad funcional». También se solicitan que los bancos no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las usuarios o a aquellos clientes que no tengan capacidad para realizar operaciones en los cajeros. Otro de los ruegos es que los productos financieros que se ofrezcan sean claros, transparentes y comprensibles.
Por último, se insta a promover la instalación de cajeros en todos los municipios de la provincia, especialmente, después del progresivo cierre de sucursales que se ha producido en los últimos años.
Los derechos de la mujeres
El presidente Martí ha dado lectura durante el pleno a los textos de tres declaraciones institucionales pactadas por todos los grupos, que giran en torno a las celebraciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se apuesta por un apoyo sin fisuras a esta festividad por parte de la Diputación para reforzar el principio de igualdad, sumándose al eslogan de la ONU de ‘Igualdad de género para un mañana sostenible’, al combate con tolerancia cero contra la mutilación genital femenina y a la reclamación del fin de la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Tasa turística
El pleno también ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular y votada a favor por PSPV-PSOE y Ciudadanos en la que se insta al Consell de la Generalitat a no implantar la tasa turística en la Comunitat Valenciana «por sus efectos desfavorables para el sector», que además se opone a su aplicación. También se solicita que no se utilice a los ayuntamientos para ponerla en marcha. El Grupo Compromís ha votado en contra.
Cambio de fecha
Con motivo de la celebración de las fiestas de la Magdalena, los diputados ha aprobado un cambio de fecha para la celebración del pleno ordinario del mes de marzo, que no será el penúltimo martes de mes como es costumbre y se adelantará al día 15 de marzo.