El secretario general de Reto Demográfico del Gobierno de España, Paco Boya, ha manifestado en el webinar ‘Reto Demográfico: Next Generation EU 2027’ celebrado hoy que los fondos europeos de reconstrucción representan una oportunidad histórica para la superación de la brecha existente entre los ámbitos urbano y rural. Son recursos que están llamados a garantizar la igualdad de oportunidades y el disfrute de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, «se viva donde se viva». Según ha explicado, «tenemos por delante un reto que hemos de ser capaces de aprovechar, a través de la presentación y ejecución de proyectos que nos hagan avanzar hacia una España verde, digital, sin brecha de género, cohesionada e inclusiva».
Boya también ha advertido en este foro organizado por la Diputación que «aunque todavía es pronto para confirmarlo, es probable que estemos ante un cambio de paradigma de la modernidad, porque con la irrupción de la crisis covid se está detectando un reflujo de personas que han vuelto la mirada hacia lo rural, buscando una vida más tranquila y humana, en directa conexión con la naturaleza».
Por otra parte, ha anunciado que el Gobierno trabaja para simplificar el marco normativo de los pequeños municipios mediante la creación de un estatuto que empodere a los alcaldes. Explica que «hay que ponérselo fácil a los alcaldes de los pueblos, porque no es lo mismo gobernar un pequeño municipio que una gran ciudad». De lo que se trata es de «ser capaces de generar proyectos en el ámbito rural que favorezcan el emprendimiento y creen riqueza».
Son palabras pronunciadas en la tercera de las mesas del webinar sobre los fondos europeos titulada ‘Cómo actuar ante el reto demográfico en Castellón desde las instituciones’, donde también han intervenido el diputado provincial de Desarrollo Rural y Despoblación, Santi Pérez, y la directora general de la Agencia Valenciana Antidespoblamiento, Jeannette Segarra.
Santi Pérez ha mostrado la necesidad «alcanzar un pacto de Estado para la lucha contra la contra la Despoblación», una materia en la que según ha explicado Paco Boya, el Gobierno de España ya está trabajando.
Por otra parte, el diputado ha destacado que después de muchos años, «ya se ha conseguido que la despoblación forme parte de la agenda de las distintas administraciones» y ha reflexionado sobre la conveniencia de cambiar las políticas públicas con las que se hace frente al reto demográfico.
Según ha explicado, es lo que hace la Diputación de Castellón, que en todas sus áreas tiene muy presente cómo frenar el éxodo rural. Por esta razón, se pone el acento en las políticas de mejora paulatina de las comunicaciones por carretera y en la corrección de las desigualdades geográficas con más y mejores servicios de transporte, atención a personas mayores y niños, refuerzo de las unidades de respiro e implementación de políticas de conciliación y envejecimiento activo.
Pérez también se ha referido a la asistencia jurídica y administrativa que la Diputación ofrece a los ayuntamientos y a la necesidad de avanzar en materia de agua y eficiencia energética, la adopción de medidas que favorezcan el autoconsumo de luz y calor y la gestión de la biomasa.
Además, ha puesto el acento en la conveniencia de realizar una labor pedagógica que revalorice y fortalezca trabajos que tradicionalmente han estado vinculados al medio rural, como la ganadería; y en la urgencia de implementar políticas que faciliten el acceso a la vivienda en los pequeños pueblos.
Por último, la directora general de la Agencia Valenciana Antidespoblamiento, Jeannette Segarra, se ha referido a la dualidad demográfica existente en la Comunitat Valenciana, en la que convergen la realidad de una costa masificada y un interior escasamente poblado.
También ha incidido en que el problema demográfico tiene una especial incidencia en Castellón, ya que de los 154 municipios valencianos en riesgo de despoblación, 79 corresponden a esta provincia.
La directora general se ha referido a la necesidad de dar un enfoque demográfico a todas las políticas que impulsan las administraciones con el que «miren más al presente, que al futuro» porque «lo que tenemos que hacer es centrarnos en el bienestar de las personas que actualmente viven en los pueblos».
Segarra ha adelantado que los presupuestos de 2021 contemplan una fiscalidad diferenciada en el ámbito rural, con la aplicación de deducciones fiscales con cargo al tramo autonómico del IRPF de entre 300 y 540 euros. También se aplicará una bonificación añadida del 15% a las ayudas por apertura de una empresa.