El Partido Popular de Moncofa ha presentado una moción a debatir en el Pleno de la semana para solicitar a la Generalitat Valenciana que proceda a derogar de manera inmediata el impuesto al vertido e incineración de los residuos y rechazos de residuos domésticos de competencia municipal. El Consell pretende aplicar esta nueva carga contra los ayuntamientos y los vecinos tras aprobar la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2021.
José María Andrés, portavoz del PP, ha lamentado esta imposición y explica que “el Fondo Monetario Internacional ha recomendado al Gobierno de España posponer la subida de la fiscalidad verde hasta que la recuperación de la crisis de la Covid-19 sea firme, porque los tributos ambientales tienen un mayor impacto en los menos pudientes, que también son los más perjudicados por la pandemia”.
En la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para 2021, se ha incluido la modificación del artículo 9 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, cuyo contenido afecta de manera específica a las entidades locales de la Comunitat Valenciana.
Dicho artículo 9 se refiere al impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos, incineración, coincineración y valorización energética de residuos. Esta modificación pretende extender la aplicación del citado impuesto al vertido e incineración de los residuos y rechazos de residuos domésticos de competencia municipal, hasta ahora exentos, con la finalidad de penalizar su depósito en vertedero.
Mediante esta modificación se establecen los tipos impositivos para estos residuos y rechazos de residuos domésticos y se crea el “Fondo autonómico para la mejora de la gestión de residuos”.
Un impuesto que perjudica a las personas más desfavorecidas
Esta recomendación totalmente extrapolable al Consell por tratar este asunto de la creación de un tributo ambiental que sin duda tendrá mayor impacto en aquellas personas más desfavorecidas, sin que dicho impacto negativo en la esfera económica de las familias se justifique por el impacto ambiental de la medida, ya que bien al aplicarse el impuesto sobre la totalidad de los residuos que van a vertedero y no sobre los residuos gestionados por cada consorcio se incita a renunciar a la recogida selectiva de residuos en origen, resultando claramente contrario a los principios de la economía circular y de la sostenibilidad ambiental.
Además, según defiende Andrés, “la actuación de la Generalitat mediante esta medida impositiva supone un claro ataque a la autonomía local, reconocida constitucionalmente, que es un pilar en nuestro sistema jurídico de distribución de competencias y que garantiza que los ayuntamientos y las diputaciones puedan ejercitar sus atribuciones legales sin intromisiones innecesarias y haciendo valer el mandato democrático que sus representes electos por la ciudadanía ostentan”.