Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han llevado a cabo conjuntamente una investigación que ha permitido desarticular a un grupo criminal asentado en las provincias de Barcelona y Castellón, dedicado a la comisión de estafas mediante el engaño a los dueños o responsables de comercios y negocios (principalmente hostelería).
Para ello contaban con información privilegiada obtenida por los cabecillas de trama, toda vez que habían trabajado como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras de empresas luz y/o gas, o bien por estar en posesión de suficientes conocimientos técnicos sobre el sector. Efectuaban llamadas a los comercios al facilitar datos verídicos y creíbles sobre los contratos con las diferentes compañías suministradoras de energía, les convencían de la existencia de pagos sin ejecutar, con la consiguiente deuda con las compañías suministradoras contratadas.
Así, bajo la amenaza de que procederían al corte inminente del suministro si no abonaban la deuda, infundían el temor a sus víctimas, y ante un posible corte de luz que conllevaría la pérdida de material comestible y cancelaciones de clientes que van a hacer uso de sus servicios, decidían hacer efectivos esos pagos mediante transferencias bancarias a cuentas que les facilitan los estafadores.
La investigación se inició al detectar una serie de denuncias con el mismo denominador común a lo largo de todo el territorio nacional, principalmente, de zonas turísticas de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias.
Un entramado personal y profesional para dar credibilidad a sus propósitos. El grupo había creado un entramado personal y profesional para dar cobertura al fraude, logrando estafar a numerosas víctimas mediante la persuasión para que ejecutasen pagos por las supuestas deudas contraídas con su distribuidora. Todo ello siempre bajo la amenaza inminente de que si no accedían a sus pretensiones les cortarían la luz con el consiguiente perjuicio económico que provocaría el no poder atender a sus clientes y poder echarse a perder las mercancías perecederas.
Una vez convencida la víctima de que la manera más rápida de evitar el corte de suministro era efectuar una transferencia bancaria, se le facilitaba un número de cuenta bancaria vinculado a la organización, así como las instrucciones para que efectuase lo más rápido posible el pago on-line.
Realizado el ingreso, los estafadores retiraban el dinero en cajeros, o bien transferían los fondos a terceras cuentas de otros componentes de la organización, conocidos como mulas, y así lograban evitar que el dinero no fuera bloqueado o reembolsado al pagador.
Con el objetivo de dilatar la reacción de las víctimas se efectuaban las llamadas en fin de semana, cuando los comercios están en periodo de máxima afluencia, consiguiendo retrasar que las víctimas efectuasen
gestiones para verificar si dicha deuda era verídica.
Los cabecillas de la trama estaban en posesión de datos reales de clientes, por su vinculación laboral como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras. Estos conocimientos les permitían dar un alto valor de credibilidad a sus palabras que lograban convencer a las víctimas.
Un fraude superior a los doscientos mil euros. A lo largo de la investigación se ha podido determinar que unas 167 personas han sido víctimas de las estafas del grupo investigado, ascendiendo el valor total de lo defraudado a más de 220.000 euros, si bien el número de afectados podría ser mucho mayor al no haberse concluido las investigaciones.
Durante el periodo afectado por el COVID 19, el grupo modificó el destino de las llamadas con motivo del efecto de las restricciones para la apertura de los comercios, y así se detectaron numerosas llamadas a negocios de primera necesidad, tales como panaderías.
Equipo Conjunto de Investigación Guardia Civil- Policía Nacional. El desarrollo de la investigación fue obstaculizado por la dispersión de las víctimas a lo largo del territorio nacional, lo que dificultaba la recopilación de datos y denuncias toda vez que abarcaban zonas con diferente competencia de investigación policial.
Por todo ello se creó un Equipo Conjunto de Investigación integrado por los Grupos de Policía Judicial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de Barcelona, competentes en investigación tecnológica con el fin de aunar esfuerzos y que permitió a la postre desmantelar a este grupo criminal.
Se ha procedido a la detención de un total de 58 personas, y otras 12 figuran como investigadas, entre cabecillas y colaboradores, todos ellos vecinos de las provincias de Barcelona y Castellón, por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.
Del mismo modo se han practicado un total de cinco entradas y registros en los domicilios de los máximos responsables de la organización, que a su vez pudieron al descubierto en uno de ellos la existencia de una plantación de marihuana.