El sindicato CSIF ha presentado recurso contencioso administrativo contra la resolución de 30 de junio de 2021 de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública por la que se crea la Comisión de Estudio y Debate para la Reversión de los Servicios Públicos Externalizados. La central sindical ha sido excluida de esa comisión, lo que infringiría el derecho constitucional a la igualdad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que en la citada comisión han sido incluidos los otros dos sindicatos que, junto a CSIF, configuran la Mesa General de Negociación I de la Función Pública Valenciana. La central sindical fue inicialmente reconocida como el primero en número de delegados en la citada Mesa, aunque Conselleria luego lo relegó al segundo lugar al evitar contabilizar al personal laboral del departamento de salud de la Ribera que sí había sumado en principio.
El sindicato CSIF explica en su recurso, interpuesto en Procedimiento Especial para la Protección de los Derechos Fundamentales, que “la resolución impugnada” lo excluye de la composición de la mencionada comisión, lo que “infringe el derecho a la igualdad ante la Ley recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, así como el derecho a la libertad sindical recogido en el artículo 28.1 de la misma”.
La central sindical recuerda en el recurso que “es sindicato representativo en el ámbito de la Administración Pública”, lo cual “legitima su participación en la comisión creada”. En esta línea advierte de que su exclusión “supone una desigualdad de trato entre sindicatos, con incidencia en la libertad de acción sindical y desprovista de la objetividad, justificación, proporcionalidad y razonabilidad exigibles según el Tribunal Constitucional para que tal diferencia de trato pueda considerarse aceptable”.
CSIF, ante esta circunstancia, pide a la sala de lo Contencioso Administrativo que admita el recurso contra la resolución y que “requiera a la Administración demandada para que remita el expediente correspondiente”. Además, solicita, como medida cautelar, “la suspensión provisional de la resolución impugnada”.
La central sindical argumenta esta última petición al recalcar que el inicio de las sesiones de la comisión “priva a este sindicato de la posibilidad de hacer las correspondientes aportaciones a los estudios en relación con las posibilidades legales y presupuestarias para la reversión de los servicios públicos externalizados”. En este sentido CSIF recuerda que “cuenta con una importante presencia en los órganos de representación unitaria de los trabajadores y los puntos de vista del sindicato resultan de interés en aras de la pluralidad sindical”.