El senador Carles Mulet ha registrado 35 enmiendas al Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero) con las cuales busca corregir y mejorar aspectos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. “Perseguimos en concreto insertar en la normativa las cuestiones que preocupan a las personas mayores en sus relaciones con las entidades financieras, definiendo qué circunstancias personales deben ser tenidas en cuenta (de edad, falta de competencias digitales, etc) a la hora de recibir una mejor atención y servicios, incluyendo a los servicios financieros dentro de los servicios de uso o consumo generalizado”, ha señalado el senador valenciano.
“Desde la coalición”, ha agregado “no podemos permanecer al margen de las peticiones de un grupo poblacional tan enorme, que sufre en ocasiones la incomprensión de un sector que solo parece entender de beneficios. La digitalización es muy rentable para los bancos y la pandemia ha sido una buena excusa, por eso vamos a legislar por encima de mociones y otras propuestas que no van a ningún lugar con medidas concretas a incluir en la ley concreta”.
Mulet, que ha intervenido esta mañana en la Comisión de Consumo del Senado, ha señalado que “mantenemos vivas las enmiendas y existe el compromiso de la mayoría de los grupos por llegar a una transacción que recoja parte de nuestras peticiones, por lo que el miércoles si todo sale bien, blindaremos por ley a los consumidores frente a los bancos, que es como se blindan realmente las cosas”.
Así la coalición plantea que los consumidores de energía estén informados en todo momento de la existencia de tarifas más ventajosas o adecuadas a su actual condición, que se añada entre las características condicionantes el de la falta de competencias y la edad para disponer de una atención personalizada y que los servicios financieros tengan la consideración de bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado. Las enmiendas también piden medidas contra los créditos abusivos que en ocasiones consumen personas desesperadas, de protección frente a la ludopatía, el juego online, el retorno de cajeros a los pueblos, problemas asociados a la discapacidad y contra la pobreza energética ante las insuficiencias que está demostrando la Estrategia estatal de lucha contra esta lacra y las posibilidades que se abren con el papel de las administraciones locales con la instalación de energías renovables.
“No se trata de volver al papel y al calco, pero si de que quienes no se van a digitalizar a estas alturas de la vida no se sientan maltratados, por lo que pedimos también partidas en los PGE para dar a conocer y publicitar los derechos básicos de consumidores y usuarios y a velar por su respeto”, concluye.