El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha presentado una nueva batería de iniciativas parlamentarias desde la Cámara Alta para exigir al Gobierno paralice el procedimiento de “recuperación posesoria” del poblado de Torre la Sal de Cabanes, que puede comportar el derribo del mismo.
Estas iniciativas se verán incrementadas la próxima semana con medidas más contundentes en sede parlamentaria.
Mulet, en sus preguntas incide en el hecho que el proceso de deslinde no se tramitó adecuadamente lo que lleva a la nulidad de todo el proceso “ las personas afectas, como han expuesto en sus alegaciones, un recibieron nunca notificación alguna de la incoación, acto de apeo, trámite de audiencia, ni de la aprobación definitiva por Orden Ministerial del expediente de deslinde de fecha 25/05/1993, ni ha logrado localizar la correspondiente orden ministerial aprobatoria del deslinde .
Según explican estas personas afectadas, aunque se incoó con la autorización de la Dirección General de Costas de fecha 15 de abril de 1992 y se realizó el acto de apeo con fecha de 23 de septiembre de 1992, jamás se aprobó el deslinde quedándose en trámites intermedios (actos preparatorios de la decisión final mediante O.M.). La única resolución que existe es la de la Dirección General aprobano el acto y los planos que, por supuesto, no finaliza el procedimiento.
Esta situación atenta contra todo principio de efectividad en el actuar de la administración y de seguridad jurídica de las personas afectadas, que no pudieron defenderse ante estas intenciones de la administración, atentando contra propios artículos de la Constitución. La propia Administración General del Estado carecería de derecho patrimoniales puesto que no cumplió en sus días los plazos de posesión de los mismos en tiempo y forma
En el deslinde de 1993, al no haberse finalizado el procedimiento, las personas afectadas no notificadas, por lo que no han tenido oportunidad procedimental ni procesal alguna de poder defender sus derechos e intereses legítimos, directos y personales.
El parlamentario ha afirmado que es indignante que “ se pretenda derribar un poblado marinero con un encanto único, asentado de manera legal, con sus preceptivas licencias municipales, viviendas que pagan religiosamente sus impuestos, todo por una decisión arbitraria de 1975 con una legislación franquista, que se complicó más en 1993 con una tramitación incompleta que impidió a las personas afectadas alegar. Que ahora un ministerio del PSOE pretenda derribar el poblado, siendo este partido imprescindible para la aprobación de barbaridades urbanísticas que sí tiene un grave impacto ambiental en el litoral como el PAI homónimo aledaño de más de un millón de m2, o el PAI finalmente anulado pero impulsado por ellos, de 18 millones de m2 del mismo promotor, o que también hayan sido defensores del pocos metros más al sur la gran barbaridad urbanística del litoral de Orpesa junta a la playa, dice mucho su visión del territorio y la sostenibilidad . Tirar de sus casas a 100 familias sí, eso los que vieron viable poner a escasos metros más 40.000 nuevas residencias”
Mulet espera que exista una rectificación del Gobierno y se busque una solución en consenso con todas las personas afectadas.