Compromís ha reclamado hoy en el Senado la comparecencia de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera y de la Directora General de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, ante la Comisión de Transición Ecológica, para dar explicaciones más claras sobre el expediente de recuperación posesoria por ocupación y uso abusivo del dominio público marítimo terrestre en Torre de la Sal (Cabanes) y por la actuación de la Demarcación de Costas, así como para informar de los planes y actuaciones previstas para recuperar las playas y calas tras la regresión sufrida en este poblado y resto de playas del municipio de Cabanes, (Castelló).
El senador de Compromís y autor de las solicitudes, Carles Mulet, ha remarcado que tras las declaraciones de los representantes socialistas y de la comparecencia en el apartado de control de la ministra la pasada semana en el Senado a petición de la coalición, donde se negó a paralizar el procedimiento en marcha “la situación sigue igual o peor, sin que la postura del Gobierno sirviera para calmar o sosegar los ánimos”, por lo que ha pedido que “clarifiquen de forma inequívoca y transparente cuáles van a ser las intenciones de Costas y el Gobierno con un poblado con más de un siglo de historia, sobradamente conocido por la Administración, ya que ha ejecutado un paseo marítimo, ha informado sobre el PGOU e interactuado con los propietarios”.
El infierno para el poblado se inicia en 1993 ya con un gobierno socialista en Madrid, con las pretensiones del gobierno predemocrático de deslindar la playa en Cabanes, incluyendo el poblado marinero dentro de sus dominios. “Algo irracional por parte de la administración, que al mismo tiempo invertía en un paseo marítimo, daba el visto bueno al PGOU de Cabanes o autorizaba todas y cada una de las licencias de obras de este poblado”. Aquella tramitación del 93 no concluyó con su publicación en el BOE, cosa que impidió a los vecinos litigar en los tribunales, al ser un acto administrativo inconcluso.
Ahora, de nuevo un Gobierno del PSOE desempolva esta pretensión y da un ultimátum de 8 días para alegar antes de echar a los propietarios de sus viviendas. “Hay quien quiere vender como un logro el conseguir 4 días para alegar, que es lo marcado en la normativa, lo cual es simplemente continuar con el expediente, sin ningún compromiso ni empatía, como demostró la ministra en su comparecencia la semana pasada, o ciertos representantes del PSOE en la Cámara Alta, que se dedicaron a aplaudir en el Senado la intervención de la ministra, la cual era ofensiva para los intereses del poblado”, ha añadido.
Mulet ha remarcado que cualquier solución que no signifique una rectificación por parte del PSOE acabará en los tribunales «esto parece un chantaje encubierto para atemorizar a los vecinos, a que firmen una «concesión» que es reconocer la propiedad a Costas, perder todo derecho, incluso el de herencia, en este poblado legal. Tocaría preguntarse porqué el PSOE remueve ahora el tema. Viendo su historial al servicio de ciertos intereses urbanísticos en la zona, donde siempre se han plegado a sus designios y, entendiendo que el poblado solamente puede molestar a la moribunda urbanización que tiene a este poblado entre la playa y él, pues da demasiado de malpensar”.