El senador de Compromís, Carles Mulet, ha lamentado la “absoluta falta de empatía del Gobierno con la situación que viven miles de migrantes” que buscan regularizar su situación en nuestro país, al que han llegado fruto de la situación de violencia y corrupción que sufren países como Honduras.
La coalición valenciana, tras reunirse en la Cámara Alta con representantes del colectivo Libre España trasladó el nulo apoyo a los procesos de asilo y la arbitrariedad con la que se resuelven los expedientes de petición de asilo, que dejan en una situación muy vulnerable a quienes se pueden abrir un camino en nuestro país, ya que ello les implica problemas administrativos, laborales, de prestaciones, de residencia y en sus derechos. “La oficina de extranjería de Pradillo, 40 de Madrid, abrió la pasada semana el servicio telefónico para las citas mensuales durante cinco minutos y dio todas las citas del mes de junio en tan solo cinco minutos, lo que demuestra el colapso que se vive en la única oficina dispuesta a tal efecto. Se echa en falta en la respuesta del Gobierno sensibilidad con los afectados, ya que siguen sin resolver el atasco ni tomar medidas de ningún tipo”, ha señalado Jairo Velásquez, activista político y social y coordinador del colectivo Libre España.
El senador valencianista comparte esta opinión de los afectados y lamenta una ‘respuesta tipo’ de las que se cita normativa, plazos y competencias “y no contestar a lo que se les preguntaba, recordando a los peores gobiernos de los últimos años”. El colapso sigue siendo total, sin que se estén adoptando medidas de cara a poder absorber y atender de una forma humana a los afectados, como podría ser habilitar nuevas comisarías para estas funciones o poner más personal a realizar estas funciones.
Las ONG se muestran incapaces de ayudarles. Su situación irregular los aboca a trabajos de economía sumergida, abusos y precariedad. Así, hemos tenido conocimiento que empleados y empleadas del hogar se han expuesto a situaciones de riesgo ante la Covid por la falta de derechos, contagios (130 casos conocidos), falta de cotización, documentos caducados y cancelación de los procesos de contratación que tenían abiertos como empleados del hogar.
Lamentablemente en muchos casos se han visto interrumpidos por el fallecimiento de las personas a las que estaban cuidando, lo que los ha condenado a la ausencia de una remuneración, derecho a paro o permiso de residencia.