El senador de Compromís, Carles Mulet, ha apoyado -con matices- en el Pleno la moción de Esquerra Republicana-Bildu que reclama acometer cambios legales para revertir las inmatriculaciones irregulares e iniciando procesos de regularización de los bienes; declarar nulos los acuerdos con la Santa sede en 1979 y declarar de dominio público y excluir del tráfico jurídico privado el patrimonio cultural de carácter religioso. Propone así los acuerdos expuestos en la moción que Mulet ha presentado en el Senado tras reunirse con los colectivos Recuperando y València Laica.
La coalición ha enmendado la propuesta de Bildu, proponiendo que el ministro de Cultura, como custodio del inventario de bienes del patrimonio histórico y cultural proceda a reclamar la afectación explícita al dominio público de todos los bienes que figuren en el listado de inscripciones de la Iglesia publicado por el Gobierno e instando a explorar medidas legislativas para declarar la nulidad por inconstitucionalidad sobrevenida de todas las inmatriculaciones practicadas. Mulet ha declarado: “somos conscientes que estas mociones son clamar en el desierto, porque tenemos delante un Gobierno cómplice con el saqueo al patrimonio cultural que ha hecho la Iglesia”.
El senador valencianista ha indicado que el listado del Gobierno llega “muy tarde y mal” y ha acabado “amparando las 35.000 inscripciones realizadas sin títulos de propiedad por parte de la Iglesia de todo tipo de bienes inmuebles”. Lejos de actuar ante estos hechos el Gobierno “justifica su inacción y da carpetazo al asunto, dificultando que los particulares y administraciones puedan recuperar la titularidad usurpada, condenándoles a la vía judicial, actuando en contra de la PNL aprobada en el Congreso que le pedía al Gobierno que las reclamara”, ha censurado Mulet, que ha considerado de “traición” la actuación del PSOE y de la vicepresidenta Calvo. “Con el PSOE hemos topado”, ha añadido.
Mulet ha recordado que “no se trata de una iniciativa anticlerical, ni mucho menos”, sino el viejo debate sobre el propio patrimonio. “Si la iglesia, una vez puestos a su nombre los inmuebles, tuviera la capacidad de mantener este inmenso patrimonio cultural y patrimonial en perfecto estado de conservación y con garantías de ser visitable y utilizado también como elemento turístico que revierta en los municipios, el malestar sería menor”, ha indicado.
“El problema”, prosigue “es que es incapaz de hacerlo y ha de ser la administración pública quien destine recursos públicos para su mantenimiento y son luego las organizaciones religiosas las que establecen los horarios de visitas; quienes cobran entradas sin que se sepa qué se hace con esas recaudaciones, etc”. Por este motivo, apunta Mulet “lo más razonable sería ir hacia modelos europeos, donde la titularidad de estos inmuebles es del Estado, que se encarga de su mantenimiento, cede el uso religioso a las confesiones y lo compatibiliza con una explotación turística”.