El Grupo Popular pide a la Diputación de Castellón que inste al Gobierno de España “a reformar el sistema de financiación local para garantizar la suficiencia económica que la Constitución Española reconoce a los ayuntamierntos” a través de una moción presentada por el portavoz popular, Vicente Sales, quien subraya que “la excepcionalidad de la crisis sanitaria y económica ha impactado de forma directa tanto en las comunidades autónomas como en los entes locales, que han visto reducidos sus ingresos al tiempo que han aumentado sus gastos para poder hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia”.
Sales recuerda que los ayuntamientos “garantizan la máxima cercanía al ciudadano y los convierten en el primer lugar al que acuden las familias cuando tienen problemas, como ha quedado más que evidenciado con la crisis económica y social que ha seguido a la crisis sanitaria. Pero, además, su versatilidad permite adaptar las políticas públicas generales a las especificidades y singularidades de cada territorio, logrando que su ejecución sea más eficiente y eficaz. Y además lo puede hacer con una capacidad de reacción de la que adolece la administración central del Estado. Por eso, desde el inicio de la pandemia provocada por el Covid-19 las entidades locales se adelantaron al propio gobierno central y pusieron en marcha medidas para contener la expansión del virus, para preservar la salud de empleados públicos y vecinos, y también para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia”-
El gran esfuerzo realizado por los gobiernos locales “no se ha visto correspondido por el Gobierno de España, que no solo no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo, sino que intentó apropiarse de los remanentes de tesorería que estas administraciones fueron ahorrando desde 2012, en una propuesta que la unión del municipalismo consiguió tumbar; y, además, le ha generado de forma consciente un problema en 2022 y 2023”
Esta situación también obliga al Grupo Popular a solicitar a la Diputación que también inste al Gobierno de España a aprobar “los mecanismos necesarios para impedir que se produzca el desajuste económico-financiero resultante del saldo negativo que se generará en 2022 y 2023, cuando se calcule la liquidación definitiva y se compare con las entregas a cuenta recibidas en 2020 y 2021 por las Entidades Locales”.