El Pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha avalado, con los votos a favor de PSPV, Unides Podem y Ciudadanos y la abstención del PP y Compromís, someter a información pública la versión preliminar y el estudio ambiental y territorial estratégico (EATE) de la modificación del PGOU relativa al régimen jurídico de gestión del suelo urbano; “un paso importante” en la gestión que el actual equipo de gobierno está llevando a cabo para dar solución a la “hipoteca heredada de los gobiernos del PP” y el riesgo económico por las reservas de aprovechamiento de cerca de 700.000 metros cuadrados de techo a las que debe hacer frente el Ayuntamiento de Vila-real.
El concejal de Territorio, Emilio M. Obiol, ha recordado que esta “hipoteca” ha costado ya 28,4 millones de euros “pagados por este equipo de gobierno”, a los que se suman “cerca de 50 millones judicializados” y un riesgo futuro de “más de 200 millones de euros”. Obiol ha explicado que la modificación del PGOU “es el instrumento más eficaz y ágil para dar solución a esta situación”. La tramitación arrancó a finales de 2015 cuando se remitió la propuesta a la Conselleria, que dos años después emitió un documento de alcance con las condiciones ambientales que debía cumplir la modificación urbanística. Ahora, tras incorporar estas consideraciones, se someterá a información pública durante 45 días la versión preliminar y el estudio ambiental y territorial estratégico (EATE) de la modificación del PGOU, cumpliendo así el principal trámite ambiental para poder seguir avanzando en este cambio de la normativa urbanística.
En este sentido, el alcalde, José Benlloch, ha explicado que la solución a los empastres urbanísticos del PP consiste en “reclasificar suelo urbano que ahora tiene otros usos, como antiguas naves de talleres o zonas terciarias, para permitir la construcción de viviendas y de esta manera poder asignar en estas zonas las reservas de aprovechamiento que en su día el PP asignó a propietarios a pesar de que sabía que no cabían en el Plan General”. De esta manera, “se podrán asignar estos metros cuadrados de techo a los propietarios y que éstos no puedan reclamar el pago en dinero”, desactivando así el riesgo millonario que existe en la actualidad.