Durante 2021 se han registrado en Vila-real un total de 31 accidentes de tráfico con fuga, según los datos recabados por la Policía Local, que ha conseguido esclarecer más del 60% de los casos tras la investigación correspondiente de los hechos. Según ha explicado el intendente de la Policía Local, Ramón Martínez, en la treintena de casos registrados en lo que va de año en la ciudad en los que el conductor implicado ha huido del lugar del accidente, únicamente se han producido daños materiales, sin lesionados.
De los accidentes de tráfico con fuga que se han denunciado en la Policía Local, la Unidad de Atestados ha logrado esclarecer, tras la investigación correspondiente, el 61% de los casos. Martínez apunta que para el esclarecimiento de los hechos es fundamental la declaración de testigos, la existencia cámaras de vídeo vigilancia y la colaboración de talleres de automóviles y de Astrauto.
De los 31 accidentes, 6 de ellos fueron localizados por la Policía Local de manera inmediata y se instruyó atestado como investigados por la comisión de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de alcohol y drogas. Según explica el intendente de la Policía Local, “normalmente el conductor que ocasiona un accidente y decide darse a la fuga lo hace para intentar ocultar infracciones más graves, como es el consumo de alcohol o drogas, o que carece de los permisos de conducir necesarios”. En algunos de los casos, los conductores fugados también manifiestan que es por no dar cuenta a la compañía seguro y no perder la bonificación correspondiente.
Cuando el conductor se da a la fuga y hay únicamente daños materiales o lesiones leves el conductor se expone a una multa administrativa de 200 euros. Sin embargo, darse a la fuga en un accidente de tráfico con víctimas graves, tal y como resalta Ramón Martínez, “sí que conlleva responsabilidad penal, ya que puede ser constitutivo de un delito de omisión del deber de socorro”. Además, recientemente, el Código Penal ha incorporado un nuevo delito en este sentido, que castiga con penas de prisión de hasta cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de hasta cuatro años a quien abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran personas o en el que se cause lesiones graves a las mismas.