Concluye la comisión de PIAF sin unanimidad entre las fuerzas políticas

comision1  Vila-real ha cerrado esta mañana, tras un año y dos meses de comisión, las sesión de investigación sobre la relación contractual entre el anterior equipo de gobierno del PP y la empresa PIAF. El presidente de la comisión, Alberto Ibáñez, ha apuntado que las conclusiones no han contado con el respaldo del PP quienes, en un comunicado, han asegurado que “con las conclusiones aprobadas solo por el cuatripartito, queda contrastado que la única intención de esta investigación era dañar al Partido Popular” y han insistido en el archivo de la causa por parte del fiscal. Por su parte, Ibáñez ha señalado que aunque algunos de los asuntos y expedientes analizados puedan ser legales, “a nivel político, bien, bien no está”. En este sentido, Ibáñez se ha referido a algunas facturas como las de la reforma del Trinquet Municipal. “Las obras que se realizaron no eran mantenimiento sino una reforma total e integral como se observa a la prensa de entonces. También, hay que destacar que en 14facturas de un total de 567,333,75€ entre 2006-2007 siempre con cuantías que rondaban a los 29.999,99 pero nunca superaban los 30.000,00 que impide la ley, podríamos estar ante un fraccionamiento de contrato para evitar un concurso público abierto que beneficiaría nuevamente a la empresa vinculada a la trama de financiación ilegal del Partido Popular”, ha argumentado Ibáñez.

El concejal de Iniciativa-Compromís también ha aludido a las responsabilidades derivadas tras esta comisión. “Las responsabilidades políticas derivadas de despilfarro de recursos públicos, descontrol de la gestión y facturación, las irregularidades manifiestas, el presunto fraccionamiento de obras, y una deuda ilegítima impagada de más de 600.000€” derivan en unas responsabilidades políticas de algunos antiguos cargos como son el ex-alcalde, Juan José Rubert Nebot, “como máximo responsable político de entonces”; “el señor Ignasi Clausell, como máximo responsable de la Hacienda municipal en el periodo de estudio de la comisión” y “Ramón Tomás como máximo responsable político del servicio de gestión de obras y servicios públicos”. Del resto de concejales del PP que declararon en la comisión, Héctor Folgado, Juan Luis Fabregat o Luisa Porcar, Ibáñez ha apuntado que “también son responsables por acción u omisión”. La posibilidad de remitir el caso a la justicia se estudiará en septiembre tanto por parte del equipo de gobierno como por parte de Compromís.