La empresa coordinadora de gestión de ingresos que trabaja junto al Ayuntamiento de Almassora ha remitido a la Agencia Tributaria el fichero de prueba para iniciar la recaudación ejecutiva más allá del término municipal. Este convenio supone un avance para cobrar impagos en cualquier punto del país y no exclusivamente en Almassora, como ocurría hasta la fecha.
Para ello, la empresa que colabora con el consistorio está preparando un fichero con registros que contengan: importe principal superior a 150 euros, antigüedad de la deuda viva (no prescrita, ni paralizada, ni incluida en concurso) igual o inferior a 31 de diciembre de 2015 y que el expediente haya pasado por las fases anteriores de embargo.
“Es una novedad que sitúa en igualdad de condiciones a todas las empresas o particulares y que evitará que se pierdan impagos por no poder localizar aquí a los deudores”, según el concejal de Hacienda, Santiago Agustí. El convenio con la Agencia Tributaria llega tras meses de trabajo para “equipararlos así con quienes cumplen puntualmente con sus obligaciones ciudadanas, que son la mayoría”, según esta parte.
Respecto a la situación de la recaudación ejecutiva al cierre de 2020 y su comparativa con el ejercicio anterior, el Ayuntamiento de Almassora recaudó hasta el 31 de diciembre cerca de 1,6 millones de euros a través de los cobros por vía ejecutiva. En concreto, el informe de la empresa externa que colabora con los servicios económicos municipales recoge el cobro a lo largo del año de 1.595.627 euros frente a los 1.705.011 euros del año anterior, cifra que representa un descenso del 6,42%.
La deuda del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es la más voluminosa del conjunto de tributos pendientes de cobro. En concreto, la tabla facilitada por la coordinadora de gestión de ingresos señala que durante el año pasado Almassora recaudó en ejecutiva 692.643 euros vinculados a este impuesto, derivados de la suma del importe neto, el suplemento de 75.733 euros por recargo, intereses por valor de 34.639 euros y costas que suman 5.412 euros.
El balance de recaudación obtenida por los distintos tipos de embargo durante 2020, en comparación con los ingresos del ejercicio anterior, descendió un 32% al pasar de 391.264,53 euros en 2019 a 266.869,83 euros el pasado ejercicio. Por otro lado, en lo que llevamos de 2021, la empresa ha cobrado 5.883,38 euros de expedientes en situación concursal (dos empresas y una persona física). En el global de 2020, la recaudación fue de 31.733,95 euros de expedientes en situación concursal.